El Ejecutivo todavía no conoce el dictamen del Consejo de Navarra sobre la norma, pero recurre porque finaliza el plazo
PAMPLONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Navarra acordó hoy interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Dependencia aprobada por el Congreso al considerar que determinados preceptos recogidos en ella vulneran competencias exclusivas de la Comunidad foral en materia de asistencia social.
El Gobierno foral solicitó en su día dictamen del Consejo de Navarra, pero dado que finaliza el plazo para interponer el recurso ha acordado su interposición "ad cautelam". El Parlamento de Navarra también ha recurrido esta norma.
El Gobierno de Navarra tampoco descarta que pueda reunirse la Junta de Cooperación Navarra-Estado, si lo entiende conveniente la Administración General del Estado, para poder tratar sobre este recurso.
Los artículos que se recurren pueden agruparse en dos bloques. Así, por un lado figuran los artículos referidos al Nivel de Protección Acordado, es decir, aquel que se desarrolla y financia mediante convenios entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
En este sentido, cabe indicar que la Ley de Dependencia prevé tres niveles de protección: un primer Nivel Mínimo o Básico, financiado y garantizado por el Estado; un segundo Nivel Acordado, y un tercer Nivel Adicional, propio de cada comunidad autónoma y financiado íntegramente por éstas.
El recurso referido a este bloque se fundamenta en que el Gobierno de Navarra entiende que el Nivel Acordado no garantiza la igualdad en toda España y, por tanto, no cabe regularlo en aplicación del artículo 149.1-1ª de la Constitución Española, que otorga al Estado competencias para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Esto supone que el Estado únicamente podrá regular aquello directamente relacionado con éstos. Es decir, el Gobierno de Navarra no recurre el nivel mínimo de derechos y prestaciones, que queda garantizado para toda España, sino todo aquello que va por encima de este nivel, por considerar que vulnera las competencias en materia de servicios sociales de la Comunidad Foral.
El otro bloque recurrido hace referencia al marco organizativo y al ámbito material. El Gobierno de Navarra considerá que los artículos de este apartado no regulan el Derecho, sino que recorta las competencias de las Comunidades Autónomas y no se puede amparar en el artículo 149.1.1ª.
