PAMPLONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, José Carlos Esparza, y el parlamentario Samuel Caro, como representante del PSN, suscribieron esta mañana el Pacto Social por la Vivienda 2008-2011, periodo en el que se promoverán 15.000 viviendas protegidas, 12.000 en propiedad y 3.000 en alquiler. Se destinarán además 400 viviendas al Programa de Integración Social.
El objetivo global del pacto es satisfacer la accesibilidad a la vivienda a las personas que no disponen de recursos económicos suficientes para adquirir o alquilar viviendas en el mercado libre. El consejero destacó que nace con el apoyo del 72 por ciento del Parlamento (UPN, PSN y CDN) y que es un "punto de encuentro" entre el Gobierno y los socialistas y un "punto de partida" en la búsqueda del "mayor consenso posible".
Samuel Caro, que agradeció al Gobierno la disposición manifestada durante el tiempo que han trabajado juntos en esta materia, resaltó que se trata de un pacto "vivo" y "abierto" a quienes quieran participar, tanto fuerzas políticas como agentes empresariales y sindicales. "Tiene una virtualidad esencial, que se ser útil a los ciudadanos que no pueden acceder al mercado libre", expuso.
Según detalló Esparza, el plan tiene tres ejes estratégicos que son crear las condiciones para garantizar la accesibilidad, impulsar la sostenibilidad en el sector residencial y mejorar la gestión de los programas y la transparencia del mercado.
Estos tres ejes estratégicos se concretan en nueve líneas de actuación que pasan por el fomento y mejora de la gestión del suelo público disponible, la creación del sistema público de alquiler protegido, la adecuación de los regímenes de protección a las necesidades o el impulso la mejora de la calidad de las viviendas de protección oficial y el bioclimatismo.
Se pretende además fomentar la rehabilitación del parque de viviendas, aprovechar el parque de vivienda vacía, aumentar la información al ciudadano sobre ayudas, normativa y convocatorias de acceso a VPO, aumentar las medidas de control e inspección, y crear una Comisión de Seguimiento del Pacto Social por la Vivienda.
El compromiso es promover 15.000 viviendas protegidas en el periodo 2008-2011, 12.000 en propiedad y 3.000 en alquiler. El consejero destacó el "importante esfuerzo" para construir vivienda protegida y señaló que se impulsará el desarrollo urgente del área de la nueva estación del tren de alta velocidad y de las áreas de Guenduláin, Donapea-Galar y La Morea de Burlada. Además, se aumentará hasta el 70 por ciento la vivienda protegida en aquellos ámbitos en los que exista demanda.
Se recoge también en al Pacto la creación del sistema público de alquiler protegido, con unas 4.000 viviendas, 3.000 del parque de viviendas públicas y 1.000 de la bolsa de alquiler intermediada de VINSA y que actualmente cuenta con 300 viviendas.
En este sentido, el consejero expuso que se pretende potenciar las ayudas e incentivos para el alquiler de viviendas desocupadas, fomentar la renta básica de emancipación para llegar a los 4.000 jóvenes, así como suprimir el régimen especial de vivienda protegida y la tipología de vivienda de precio tasado.
Otro objetivo destacado del Pacto es adjudicar las viviendas protegidas de acuerdo con las necesidades, así como revisar el tratamiento fiscal de la cuenta vivienda y su valoración en el baremo.
En relación con la mejora de la calidad de las viviendas protegidas y el bioclimatismo, el acuerdo busca impulsar la aplicación del Código Técnico de la Edificación, acreditar los laboratorios necesarios para garantizar la calidad de la construcción, favorecer la utilización de energías renovables en la rehabilitación y construcción de vivienda nueva y fomentar la construcción de edificios de VPO con la calificación de eficiencia energética A, B o C.
Fomentar la rehabilitación de 6.000 viviendas al año e impulsar los procesos de Rehabilitación Urbana Integral superando el concepto de rehabilitación aislada son otros dos de los objetivos contemplados en el Pacto, que se marca también alcanzar las 1.000 viviendas vacías en el periodo 2008-2011 para integrarlas en la bolsa de viviendas de alquiler.
Por otra parte, se plantea la creación de un sistema de información para solicitantes de vivienda protegida en venta o alquiler, y para consultas ciudadanas sobre los derechos y deberes de los inquilinos o copropietarios. Asimismo, se pretende facilitar el acceso a la información de ayudas e información sobre los datos de promoción pública a través de Internet, y explotar los datos del censo de solicitantes de vivienda y de sus características para la toma de decisiones en materia de promoción de vivienda.
En el tercer eje sobre las medidas de control e inspección se contempla garantizar la calidad en la construcción de las viviendas y sus edificios, garantizar la correcta adjudicación, verificar que las viviendas protegidas se destinan a personas que reúnen los requisitos legales, y comprobar que las viviendas protegidas se ocupen y destinen a domicilio habitual.
Finalmente, en relación con la creación de una comisión de seguimiento del Pacto Social por la Vivienda, se destacan como objetivos garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos y efectuar propuestas para la instrumentación de las medidas pactadas.