IUN pide que se regule la objeción de conciencia y que se pueda abortar en centros públicos en todas las CCAA

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una enmienda para solicitar que la reforma de la ley del aborto aprobada por el Gobierno central incluya una regulación de la objeción de conciencia, de forma que se reconozca el derecho de los médicos a objetar pero, al mismo tiempo, se obligue a las Administraciones públicas a garantizar el "derecho" de las mujeres a interrumpir el embarazo.

Además, en otra enmienda, la coalición de izquierdas pide expresamente que la ley recoja que "las administraciones sanitarias competentes garanticen que se pueda acceder a esta prestación dentro del ámbito geográfico de la comunidad autónoma de residencia de la mujer embarazada con al menos un centro de la red sanitaria pública".

Estas dos enmiendas han sido presentadas por Izquierda Unida en el Congreso a petición de la formación en Navarra, que recuerda que anualmente una media de 600 mujeres interrumpen su embarazo fuera de la Comunidad foral puesto que en Navarra no se practican abortos.

El coordinador parlamentario de IUN, Félix Bienzobas, señaló que la objeción de conciencia "nunca puede suponer un obstáculo para reconocer el derecho de las mujeres" y argumentó que "la objeción es un problema del Gobierno, que tiene que buscar a los sanitarios suficientes para que se pueda ejercer el derecho al aborto".

Respecto a la práctica del aborto en territorio foral, consideró que es una "hipocresía al cubo" que el Gobierno de Navarra no apoye las interrupciones voluntarias de embarazo en la Comunidad foral y financie los viajes de las mujeres embarazadas para que aborten fuera de Navarra. Así, defendió que con la enmienda propuesta por IU, el Gobierno foral estaría obligado a garantizar la aplicación de la ley en un centro público de la Comunidad.

Por su parte, la parlamentaria de IUN Ana Figueras afirmó que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno central es "un avance" respecto a la normativa vigente, pero consideró que se "puede mejorar sustancialmente la ley", especialmente en el caso de Navarra.

Así, Ana Figueras afirmó que es "impresentable el periplo que tienen que hacer 600 mujeres en Navarra para poder practicar un derecho que les asiste" y añadió que la actitud del Gobierno de Navarra ha sido "imperdonable". "Lo que hasta ahora hemos tenido ha sido un auténtico fracaso como ley", dijo.

En este sentido, señaló que "no se puede olvidar lo que ha pasado en Navarra en los últimos años" y afirmó que "la presión social que han tenido las mujeres y los profesionales ha sido extrema". "El Gobierno de Navarra ha sido rehén de esas presión social históricamente. Ha prevalecido más el derecho de las asociaciones pro-vida que el derecho de las mujeres y de los profesionales", dijo.

En contra de esta "presión", Ana Figueras señaló que le consta que "en Navarra hay profesionales que practicarían interrupciones voluntarias del embarazo con las garantías jurídicas y legales". "Lo sabemos porque se han dirigido a este Parlamento para decirlo", destacó.