Los menores están "suficiente y positivamente" atendidos por las Administraciones de Navarra, según el Defensor

PAMPLONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, afirmó hoy que la actuación de las Administraciones Públicas de Navarra en lo relativo a la protección de los menores puede considerarse, en términos generales, "de razonablemente suficiente y positiva", según un informe elaborado por la institución que dirige.

Enériz expuso estas y otras consideraciones ante la comisión de Régimen foral para explicar las conclusiones y recomendaciones que se desprenden del citado informe, cuyo borrador fue elaborado por su predecesora en el cargo, María José Aranda.

El objetivo fundamental del estudio era evaluar cómo se ejerce la función pública de protección de los menores en Navarra y para ello se analizó fundamentalmente el grado de desarrollo de algunos de los programas en que se estructura el Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia de Navarra en Dificultad Social. Los datos para su elaboración fueron recabados durante el segundo semestre de 2006.

A juicio de Enériz, existen aspectos "manifiestamente mejorables" entre los que figuran la necesidad de dotar con más recursos humanos a las unidades administrativas encargadas directamente de llevar a cabo el impulso y gestión de la protección del menor, especialmente en el actual Servicio de Promoción, Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia del Departamento de Asuntos Sociales.

Deben asimismo mejorarse los aspectos relacionados con la eficiente ejecución del presupuesto asignado a los planes y programas establecidos para la protección del menor, "con objeto de asegurar que se alcanzan finalmente los objetivos inicialmente previstos", explicó Enériz.

También deben ser mejorados los procedimientos administrativos de participación y audiencia reales de todos los sujetos afectados, desde el menor a su padres, pasando por los profesionales más directamente implicados. Asimismo, "se hace necesaria la mejora en la coordinación de todos los servicios públicos que trabajan alrededor o con motivo de la protección del menor", subrayó.

Finalmente se sugiere la incorporación de técnicas de evaluación de la política pública de protección del menor y de mejora de la calidad de los servicios públicos, así como la elaboración y ejecución de un plan específico de inspecciones anual sobre las situaciones en las que pueda detectarse un mayor riesgo para los derechos fundamentales.

Además de esta valoración global, Enériz se detuvo en enumerar otras 27 recomendaciones más particulares, entre ellas la necesidad de impulsar el desarrollo reglamentario de la Ley Foral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia "de la forma más inmediata posible"; la elaboración de un nuevo Plan de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, con un plazo de actuación plurianual; continuar con el apoyo a las familias acogedoras o acelerar los trámites precisos para dotar a Navarra del centro destinado al cumplimiento de medidas judiciales previstos en el municipio de Aranguren.

En el turno de intervenciones de los grupos, Javier Marcotegui, de UPN, mostró su coincidencia con las conclusiones generales del informe pero criticó "algunas dificultades que no facilitan su verdadera comprensión", entre las que destacó la falta de una "descripción de cuál era la situación de Navarra antes de la realización del informe". Por Nafarroa Bai, Maiorga Ramírez se centró en el contenido del informe para manifestar que su elaboración "ha sido exhaustiva" por el que ha quedado de manifiesto, destacó, "la necesidad de modificaciones legales y nuevos planes para revisar el procedimiento".

Desde PSN, Javier Monzón agradeció el trabajo del Defensor al tiempo que criticó que el Parlamento no hubiera conocido antes los resultados del informe "si los datos se recabaron hace 18 meses y la foto de la realidad ahora puede estar desenfocada". Finalmente aseguró que su grupo "estará vigilante" de que se cumplan las recomendaciones.

José Andrés Burguete, de CDN, afirmó que el informe es un buen "trabajo en la mejora continua de este campo", y por último, Ana Figueras, de IUN, censuró que "no se entiende que los recursos no se apliquen bien" y defendió que en Navarra existe "un completo plan normativo sobre este tema, aunque su recorrido aún está por completarse".

VIVIENDA

El Defensor del Pueblo también compareció ante la comisión, a petición de IUN, para exponer a los parlamentarios las valoraciones que ya presentó al consejero de Vivienda sobre la conveniencia de modificar la baremos de puntuación para la adjudicación de las viviendas protegidas, que deberían girar, conforme a su criterio, "en función de la necesidad acreditada de vivienda y la renta del solicitante".

Enériz, que realizó estas apreciaciones debido a las quejas recibidas ante la oficina el Defensor, apuntó que cree que "no aporta nada relevante" el criterio actual de la titularidad de una cuenta de ahorro "ya que discrimina entre personas en función de un elemento a todas luces secundario como es la capacidad de ahorro económico en una determinada modalidad".

También, a su juicio, resulta "problemático", el criterio de la antigüedad "ininterrumpida" en el empadronamiento en uno o varios municipios de Navarra, así como la puntuación referida a uno o más solicitantes de edad inferior a 35 o superior a 65 años.

Finalmente explicó que también ha "dado problemas incluso de interpretación", el criterio de condición de 'cabeza de familia monoparental con uno o varios hijos', un criterio, en palabras de Enériz, "muy deficiente técnicamente".

En el plano más formal, Enériz sugirió que la "revisión profunda que se merece se deje para desarrollar en una Orden Foral del consejero de Vivienda, para que se pudiera ir perfeccionado y así asentar en pocos años un baremo justo y ponderado".

En las intervenciones de los grupos, el parlamentario de Izquierda Unida Ion Erro mostró su "extrañeza" porque el Defensor presentara su postura primero al consejero y no al Parlamento, al tiempo que aseguró compartir que "existen elementos discriminatorios y carencias en el baremo". Además, rechazó "la posibilidad de que sea el Gobierno quien desarrolle ordenes forales sobre este asunto". Javier Marcotegui, de UPN, aseguró que todos los baremos pueden ser "discutibles" y defendió los mecanismos científicos para establecer límites en los mismos". Por Nafarroa Bai, Maiorga Ramírez mostró su conformidad "con la apertura de una reflexión y debate" y, en principio, "su postura crítica con la medida de la Orden Foral".

Por el PSN, Amanda Acedo afirmó que el baremo "ha llegado a ser un problema por la falta de planificación del Gobierno en materia de vivienda", por lo que reclamó, en primer lugar, "la aprobación de un Plan foral sobre esta materia, porque no hay oferta suficiente y los modelos sociales cambian". Por último, José Andrés Burguete defendió el baremo actual "aprobado por el Parlamento".