PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento de Navarra aprobó hoy instar al Gobierno foral para que ponga en marcha, antes del 31 de diciembre de este año, todas las "medidas necesarias y adecuadas" tanto técnicas como humanas para la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), dentro de los supuestos contemplados por la ley y en la sanidad pública.
La Cámara abordó esta mañana sendas mociones de IUN y PSN sobre esta materia. En ambas UPN y CDN votaron en contra por considerar que se cumple la ley vigente y se respeta la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, motivo al que recurre en Gobierno para explicar por qué no se practican abortos en la sanidad pública navarra.
El texto socialista fue aprobado por toda la oposicón y el de IUN, en parte, ya que el PSN se abstuvo en alguno de sus puntos. En concreto, no se aprobó la propuesta de IUN de instar al Gobierno central a efectuar las modificaciones legales para despenalizar el aborto por opción libre de la mujer en las 14 primeras semanas de gestación; así como instar al Ejecutivo central a modificar la disposición derogatoria única a del Código Penal con el fin de que regulase únicamente las penalizaciones al aborto realizado sin consentimiento o con un "consentimiento viciado" de la mujer.
Sí se aprobaron, también con el apoyo de los grupos de la oposición, otros puntos de la moción de IUN como instar al Gobierno foral a garantizar en el sistema público el cumplimiento de la normativa sobre IVE, a que existan equipos médicos que aseguren la intervención o se proceda a la formación del personal sanitario en las técnicas de IVE menos agresivas.
Además, el texto de IUN pide al Gobierno central "garantizar el derecho a la procreación consciente y responsable, así como a reconocer el valor social de la maternidad" o al Gobierno foral, que realice las previsiones presupuestarias necesarias para ampliar las prestaciones actuales de los centros de atención a la mujer.
La consejera de Salud, María Kutz, afirmó en su intervención que en Navarra no se vulnera ningún derecho amparado por ley, que "se cumple la ley" y se respeta la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Según dijo, desde Salud se informa y orienta a todas las mujeres y "se les proporcionan los medios de forma gratuita".
Según expuso, sólo el 3 por ciento de las IVE que se practican en España se realizan en la sanidad pública. Y añadio que en otras comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura o Murcia "no se realizan abortos en la sanidad pública" y en Andalucía "sólo en un centro".
Kutz indicó así que en esta última comunidad, de los 17.683 abortos realizados en el año 2005, el 0,15 por ciento se hicieron en la red pública (27), "el resto en clínicas privadas". "Luego no se produce sólo en Navarra la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios", indicó. La consejera anadió que su departamento no ha recibido notificación por parte de médicos que quieran practicar abortos.
LOS GRUPOS El parlamentario de IUN Ion Erro manifestó durante su intervención que no se está cumpliendo la ley y que tema de la interrupción voluntaria del embarazo es un tema sin resolver. A su juicio, la normativa actual es "retrógada y restrictiva" y "supone la criminalización de la mujer". Considera que España "debe afrontar este debate después de 22 años".
Erro abogó por una maternidad "libre y responsable" y censuró la "doble penalización que existe en Navarra" al no practicar la IVE. Según expuso, 600 mujeres al año salen fuera de Navarra para abortar, lo que supone una "dejación de la atención sanitaria a estas mujeres". "Salud abandona a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo a su suerte, a una práctica de semiclandestinidad", opinó.
La representante socialista María Chivite opinó que no hay voluntad política de aplicar en Navarra la ley del aborto. "Debemos realizar todos los esfuerzos necesarios para dar respuesta satisfactoria a una situación real y legal porque es un derecho legal", afirmó, para agregar que después de más de veinte años "es hora de que se respeten los derechos contemplados por ley".
Desde Nafarroa Bai, Asun Fernández manifestó que la objeción de conciencia es un tipo de "desobediencia civil y ciudadana a la ley". Aunque señaló que la objeción debe ser respetada, indicó que no puede suponer un perjuicio para el paciente. Fernández defendió que el aborto es un "derecho legal".
