Salanueva y Sanzberro niegan que haya habido "trato de favor" e "irregularidades" en la concesión de ayudas a Murugarren

PAMPLONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las consejeras forales de Administración Local, Amelia Salanueva, y de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Begoña Sanzberro, negaron hoy que sus departamentos hayan cometido "irregularidades" y hayan tenido un "trato de favor" en la concesión de subvenciones al Concejo de Murugarren entre los años 2003 y 2008.

Salanueva, en su comparecencia en la comisión de Administración Local del Parlamento de Navarra, a petición del PSN e IUN, defendió que "el procedimiento y control que se ha aplicado en Murugarren es el mismo que se ha exigido a todos los municipios" e insistió en que el informe de la Cámara de Comptos sobre este tema "habla de deficiencias, no de irregularidades".

Según el informe del órgano fiscalizador, entre 2003 y 2008 el Concejo ejecutó 17 obras por un importe de 2,3 millones de euros, habiendo recibido subvenciones por 1,2 millones por parte del Ejecutivo foral. Además, el análisis de este órgano indica que "existen deficiencias en la documentación de los expedientes, porque faltan algunos proyectos y existen varios presupuestos para un mismo plan".

Por estas obras hay incoado un procedimiento penal en el que están imputados varios representantes del Concejo y de la empresa constructora, el director de obras y un funcionario del Gobierno de Navarra.

En su intervención, Salanueva argumentó que "no es competencia" del departamento foral de Administración Local "fiscalizar la cuentas de las entidades locales". "Cuando alguien quiere falsear las cuentas, se escapará de nuestro control porque eso es competencia de los propios tribunales de justicia", afirmó.

Además, la consejera indicó que la Cámara de Comptos señala que los estudios de viabilidad se hacen de manera correcta, "por lo que trato de favor, ninguno".

En cuanto a la viabilidad de las inversiones en su conjunto, Salanueva defendió que a su departamento "no le corresponde una fiscalización global de las obras que realiza una Administración local".

Por su parte, la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Begoña Sanzberro, que compareció a petición del PSN, defendió que el caso de Murugarren es "excepcional", ya que "ha habido ánimo de engañar al Gobierno de Navarra".

Así, recordó que su departamento efectuó un informe técnico en abril de 2008 sobre la ejecución de las obras y exigió el reintegro de 84.000 euros de las subvenciones, ya que las ayudas eran superiores a la obra realmente ejecutada.

Sanzberro aseguró que, por parte de su departamento, "se ejerció control" en la concesión de las subvenciones y destacó que la tramitación de los expedientes "no fue confusa ni dispersa".

Asimismo, la consejera insistió en que se trata de "un hecho concreto en un sitio concreto". "Me niego a pensar que todas las personas que acceden a las administraciones publicas lo hagan sin otro objetivo que el de servir a los ciudadanos, independientemente de que de las muchas manzanas que hay, alguna nos salga con gusano", sentenció.

PSN E IUN

En la exposición de motivos de la petición de comparecencia de Salanueva y Sanzberro por parte del PSN, el portavoz parlamentario socialista Juan José Lizarbe valoró que el caso de Murugarren "no es algo que sólo compete a los departamentos de Administración Local y Desarrollo Rural y Medio Ambiente, sino al Gobierno de Navarra".

A su juicio, se trata de "un problema originado por el Ejecutivo foral", que debería haber ejercido "mayor control" en la concesión de las ayudas. En concreto, recordó que "existió una subvención para la tala de 140 árboles cuando éstos no existían". "Esto comienza a ser una opereta de mal gusto y de mala gestión", criticó.

Por otro lado, preguntó a las consejeras "si el Gobierno de Navarra va a seguir defendiendo a los imputados en el proceso judicial abierto" e instó al Ejecutivo foral a "abandonar esa posición y personarse como acusación particular".

Por su parte, el portavoz parlamentario de IUN, Ion Erro, mostró su "preocupación" ante la actuación del Gobierno foral en este caso, ya que, según indicó, la Administración "debería fiscalizar y controlar que lo que se subvenciona cumple con todos los requisitos". "Sin embargo, se ha certificado más obra de la realizada", censuró.

Además, Erro acusó al Ejecutivo navarro de haber aplicado un "trato de favor injustificado" y de generar así "desigualdades entre los municipios navarros". "Es un caso escandaloso que genera alarma social", aseguró.

Finalmente, criticó que desde los departamentos de Administración Local y Desarrollo Rural y Medio Ambiente "no se han realizado los estudios de viabilidad en función del tamaño del Concejo" y "no se ha tenido presente la totalidad de las obras en su conjunto".