Sanzberro dice que en 2010 se preguntará a los propietarios afectados por el proyecto de zona regable de Tierra Estella

PAMPLONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Begoña Sanzberro, aseguró hoy que en el primer semestre del año 2010 se ofrecerá información y se preguntará a "todos los propietarios" afectados por el proyecto de creación de una zona regable en Tierra Estella si quieren quedarse en secano o pasar a regadío, después de que se elaboren las bases de concentración y ya estén aprobados la Declaración de Impacto Ambiental y el PSIS, con los que se pueden registrar "determinados cambios" en la iniciativa.

Sanzberro compareció esta mañana en comisión parlamentaria, a petición de Nafarroa Bai, para informar sobre el proyecto de creación de una zona regable en Tierra Estella, por el que se ejecutará una concentración parcelaria de 18.000 hectáreas, de las que 7.000 pasarán a ser de regadío y 11.000 seguirán como secano; y que afectará a 13 municipios navarros.

Las 7.000 hectáreas que pasarán a ser de regadío pertenecen a diversos municipios de la Merindad de Estella, situados en la falda sur de Montejurra, aunque Sanzberro aclaró que la delimitación "definitiva" se producirá una vez se cuente con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental y la aprobación del PSIS.

La consejera puso de relieve que en el año 2010 "ya estará identificada la zona de manera más concreta" y habrá una identificación "parcela a parcela y de cada propietario", por lo que en su opinión, ese será el momento en el que los agricultores afectados "tengan la oportunidad de ser informados y decidir qué quieren hacer".

Sanzberro explicó que en el proceso de participación ciudadana del proyecto de la zona regable que se ha llevado a cabo por parte de su departamento se recibieron 53 alegaciones con información para la mejora del diseño de la zona, y que se constató que un 6 por ciento de los propietarios se oponen a esta iniciativa.

Según expuso, este proyecto que "tiene objetivos similares a los del Canal de Navarra", supondrá un coste de inversión para los propietarios regantes de entre 629 y 835 euros por hectárea para la red de interés general; y entre 1.280 y 3.375 euros por hectárea para el equipamiento de riesgo en parcela. Asimismo, los costes de explotación se situarán en torno a 243 euros por hectárea.

La consejera hizo hincapié en que si el proyecto "sigue avanzando como hasta ahora" el inicio de la explotación de las redes de riego se producirá en 2015, año en el que se realizará previsiblemente la primera campaña de regadío en la zona. Además, señaló que en caso de que los propietarios no quieran aceptar esta concentración parcelaria podrán acogerse a la expropiación de tierras.

En el turno de intervenciones, el parlamentario de Nafarroa Bai Aitor Etxarri consideró que es "importante" que se pregunte "uno a uno" a todos los agricultores afectados por este proyecto "antes que se produzcan intercambios de terrenos", y pidió a la consejera que su departamento actúe con "absoluta transparencia" para saber cuántos propietarios se oponen a la creación de esta zona de regadío.

Por su parte, la parlamentaria regionalista María José Bozal insistió en que "todos los alcaldes" de la zona están de acuerdo con este proyecto porque "saben que es una riqueza para su pueblo", y recordó que los agricultores de esta zona "llevan con esta reivindicación desde hace siete años". Por este motivo, defendió que la creación de la zona de regadío acarreará "beneficios económicos" y "reforzará" la creación de industrias agroalimentarias en la zona.

María Gracia Iribarren, del PSN, subrayó que esta iniciativa "puede ser un gran proyecto", pero destacó que "no se puede hacer al margen de los afectados que están en contra", por lo que pidió que el departamento haga "un esfuerzo importante" para ver cual es la situación real de estos propietarios, que en su mayoría son "personas mayores a punto de jubilarse", para poder llegar a acuerdos con ellos.

Finalmente, José Andrés Burguete, de CDN, respaldó el proyecto de regadío en la zona ya que, a su juicio "demuestra verdadera voluntad política por parte del Ejecutivo foral por apostar por un verdadero desarrollo sostenible", mientras que Ion Erro, de IUN consideró que "no puede haber capacidad de veto por parte de la minoría que no apoya este proyecto", y defendió que se busquen soluciones "dialogadas".