UPN rechaza la propuesta de Sumar de suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

UPN ha mostrado su rechazo a la proposición de ley de Sumar que pide suprimir del Código Penal el delito de enaltecimiento del terrorismo y cuya toma en consideración se debate este martes en el Congreso de los Diputados.

Los regionalistas han calificado la iniciativa de "insulto a las víctimas" y la han considerado "impropia" de un partido que está en el Gobierno de España.

"Es una humillación más a la memoria de las víctimas y a la dignidad democrática", han señalado en una nota los regionalistas, "en un momento en que vemos cómo un día sí y otro también se blanquea a EH Bildu, ministros como Puente elogian a los herederos políticos de ETA, se pactan alcaldías con partidos que llevan en sus listas a terroristas y se descubre que hay cargos públicos que fueron condenados por terrorismo y que no han hecho frente a sus responsabilidades civiles, pese a lo cual reciben dinero público".

A este respecto, el diputado de UPN por Navarra, Alberto Catalán, ha preguntado al Gobierno si "tiene previsto tomar algún tipo de medida para que estos cargos públicos condenados por terrorismo que aún no han hecho frente a sus responsabilidades civiles a los que fueron sentenciados se les retenga parte del dinero público que reciben para satisfacer lo que deben".

Catalán ha señalado que la legislación estipula que a los condenados que deben hacerse cargo de pagos como responsables civiles, cuando declaran ingresos, se les debe retener todo lo que supere el salario mínimo. El resto tendría que ser para satisfacer esa responsabilidad civil a la que también se le condena en la sentencia.

Además, el diputado regionalista quiere saber el número de condenados por terrorismo que todavía no han hecho frente a sus responsabilidades civiles y desempeñan cargos públicos, y si el Gobierno ha detectado casos que no han hecho frente a sus responsabilidades civiles.

En relación con ello, Catalán se ha interesado por el seguimiento que realiza el Gobierno de los condenados por terrorismo que no han hecho frente a las responsabilidades civiles a las que fueron sentenciados por los tribunales de Justicia.