Antonio Casado.- ANV no es una corporación

MADRID 11 Dic. (OTR/PRESS) -

No prospera la iniciativa del PP para disolver los ayuntamientos gobernados por ANV. Detrás de esas siglas están los amigos de Eta pero el Estado de Derecho tiene sus reglas. La aplicación del principio de legalidad no casa con los métodos de tierra quemada: disolver una Corporación para que los amigos de Eta salgan de los ayuntamientos vascos. ¿Y qué pasa con quienes, sin ser amigos de Eta, forman parte de la Corporación?

Se invoca el famoso artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local. Más concretamente, el párrafo añadido en 2003 al calor político del Pacto Antiterrorista. Ese punto faculta al Gobierno para disolver por decreto, previa conformidad del Senado, las Corporaciones locales que adopten acuerdos o tengan actuaciones "que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participaren en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".

Es de muy difícil aplicación al caso de Azpeitia. Los seis concejales de ANV se han negado a condenar el asesinato de Ignacio Uría, en contra de la posición de los once concejales restantes. Tras la consabida votación democrática, podemos decir que, al menos técnicamente, la Corporación municipal de Azpeitia ha condenado la violencia de Eta y el asesinato del convecino y, asimismo, se ha solidarizado con sus familiares ¿Cómo va a ser disuelta la Corporación con semejante base probatoria (antiprobatoria, en realidad)?

El partido (ANV) es una cosa y la institución (Ayuntamiento) es otra. Procede actuar contra el primero y dejar en paz a la segunda mientras ésta, como tal, no actúe de forma grave y reiterada en apoyo de los terroristas. Pero se puede y se debe hacer todo lo posible por echar de los Ayuntamientos a los amigos de Eta. Políticamente (mociones de censura donde gobiernan) y también por la vía legal.

Los supuestos de disolución contemplados en la Ley de Régimen Local se han revelado insuficientes en casos previos, como el de Hernani (Guipúzcoa) y Elorrio (Vizcaya), incluso mucho más descarados que el de Azpeitia, según informe de la Abogacía del Estado. Hoy por hoy, el único resorte para pararles los pies a los amigos de Eta es la ilegalización, a la luz de la Ley de Partidos. Una vez ilegalizado, un partido no podrá presentarse a las elecciones y, por tanto, no gobernará ni estará representado en las instituciones democráticas.

ANV fue ilegalizado, pero después de haber entrado legalmente en las instituciones. Consecuencia: quedó disuelto el grupo como tal, pero no hubo pérdida de la condición de concejal aplicada a cada uno de los representantes de ANV en los numerosos ayuntamientos vascos y navarros donde siguen presentes.

Antonio Casado.