Antonio Casado.- Denuncia y ensañamiento

MADRID 3 Dic. (OTR/PRESS) -

Es verdad que en el escándalo de la facturas falsas de UGT -es decir, atribuidas a quehaceres incumplidos-, la denuncia ha derivado en ensañamiento por parte de quienes han demostrado documentalmente las corruptelas detectadas en el funcionamiento interno del sindicato vinculado históricamente al PSOE. Vale. Pero las corruptelas están ahí y difícilmente se hubieran llevado a cabo sin la mirada distraída de la Junta de Andalucía, que es de donde salía el dinero público destinado a costear la formación de parados y otras actividades sindicales.

A partir de ese diagnóstico podemos aceptar al recurso al no hay mal que por bien no venga, según el viejo dicho castellano, si el ensañamiento de la ofensiva contra las malas prácticas del socialismo andaluz (partido y sindicato, se entiende) sirve para que la flamante presidenta de la Junta, Susana Díaz, haga limpieza dentro de casa. Y para que la UGT andaluza y los sindicatos en general dejen de ser entidades instaladas en la opacidad desde su legalización en abril de 1977. Más allá incluso del previsto en la Ley de Transparencia, tal y como acaba de salir del Congreso de los Diputados.

Antes conviene que los dirigentes de UGT, a escala nacional y regional, desechen la idea de que la dimisión del secretario general de UGT-Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, repara el daño inferido a la imagen de un sindicato de paso largo por la historia de España, en plena celebración de su 125 aniversario. Parece evidente que el camuflaje semántico tuvo más de un autor intelectual. Y que las diligencias judiciales abiertas contemplan la presunción de tres figuras delictivas diferentes en el hecho de desviar dinero público de su objetivo oficial de forma consciente. Así se endosaban las facturas a la Junta de Andalucía. No en una ocasión sino en varias, a riesgo de alimentar la sospecha de que estas malas prácticas eran endémicas.

Sobre todo si rescatamos del archivo el resultado de la auditoría realizada hace diez años sobre la gestión de los sindicatos y de la patronal CEOE, sobre la FORCEM (Fundación para la Formación Continua). Cuenta el colega Francisco Núñez en su excelente reportaje "Cerco a la Opacidad de los Sindicatos" (febrero 2013), que "la investigación puso al descubierto 59.000 alumnos inexistentes, facturas falsas y cursos jamás impartidos". Como colenda, se exigía la devolución de dos millones de euros. Más o menos la cantidad que, según el proceso indagatorio abierto ahora por el gobierno andaluz, ha sido defraudada sobre el total de los siete millones y medio de euros concedidos en subvenciones.

Lo peor es la tibieza de los dirigentes de UGT en su deber de colaborar con la Justicia y de la Administración andaluza a la hora de depurar responsabilidades. Como suelen hacer los partidos políticos pillados en falta, se niega todo y se cae en el victimismo. Como si todo fuese una conspiración. Y no es eso, no es eso, aun admitiendo que una cosa es la denuncia de las irregularidades y otra el ensañamiento contra una organización sindical.