Antonio Casado.- El harakiri del President

MADRID 20 Feb. (OTR/PRESS) -

Este jueves han sido convocados por la Generalitat los cuatro presidentes de las Diputaciones Provinciales de Cataluña -las cuatro gobernadas por CiU- a fin de empaparse en la letra y el espíritu del informe elaborado por el llamado Consejo de la Transición Nacional sobre lo que, en su imaginario soberanista, que no en el vigente marco jurídico, sería la futura Hacienda Pública de una no menos hipotética Cataluña independizada de España. O sea, un nuevo paso hacia no se sabe qué, cuando ya empieza a detectarse en las filas del partido de Artur Mas una cierta sed de retorno a la centralidad perdida.

El caso es que, a partir del convenio firmado en septiembre de 2012 por la Generalitat y las cuatro Diputaciones catalanas, se pretende escenificar el lanzamiento de una Agencia Tributaria propia (no concertada con el Estado, como desde los tiempos de Montilla viene ocurriendo) y "capacitada para gestionar los recursos fiscales de los contribuyentes catalanes", según reza el mencionado informe. Por su parte, Mas ya dijo en su día que el convenio con las Diputaciones era en sí mismo el "embrión" de la futura Hacienda Catalana.

Como se sabe, ya hay una parte de los impuestos que recauda la Generalitat, como ocurre con el resto de las Comunidades Autónomas. Lo que se pretende ahora es que recaude todos y cada uno, incluidos los estatales. Es decir, que se trata de declarar la independencia fiscal de Cataluña. O mejor dicho, de darla por hecha ignorando su total falta de encaje legal en el vigente ordenamiento jurídico. Lo mismo que en su día se dio por hecho que el pueblo catalán es un "sujeto jurídico y político soberano", se decía (enero 2013).

Son iniciativas que flotan en el vacío legal. Nuevos módulos en el andamiaje de cartón piedra que el nacionalismo gobernante califica de "estructuras de Estado". Sin valor jurídico, por mucho que el proyecto de Administración Tributaria propia tenga su partida en los Presupuestos de la Generalitat y por mucho que la declaración de soberanía fuese aprobada por una mayoría del Parlamento autonómico. También han sido aprobadas por abrumadora mayoría del Congreso de los Diputados unas cuantas mociones contra el paro, pero ¿cuál es el valor jurídico de tan benemérito objetivo?

Ninguna novedad. El president, Artur Mas, sigue acumulando agravios, que no razones, para mantener su discurso victimista y seguir caminando con paso lento pero seguro hacia el desenlace del drama: su propio harakiri político. En ese relato encajan perfectamente todos esos pasos hacia la nada que galopan sobre la absurda pretensión de que el Estado colabore en su propia voladura. Pasos como la declaración de soberanía nacional, la creación de un "Consejo de Transición Nacional", el anuncio unilateral de un referéndum soberanista, la elaboración de un censo sin esperar a saber si tienen o no respaldo legal, etc.