-Amnistía Internacional, Intermon Oxman y Greenpeace reclaman más transparencia y que se controle el destino final de cada arma vendida
MADRID, 6 Feb. (OTR/PRESS) -
Las organizaciones Intermón Oxfam, Amnistía Internacional y Greenpeace aseguran que el proyecto de ley que prepara el Gobierno para regular el comercio de armas no cumple con las expectativas que en él habían depositado. Consideran "importante" la elevación de la norma a rango de ley, pero aseguran que "no supondrá ningún cambio importante sobre la situación actual". Para que cambiaran las cosas, las ongs consideran que el texto debería garantizar el correcto destino de todas las exportaciones de armas y favorecer la transparencia y la información en este mercado, entre otras propuestas.
En un informe hecho público hoy, denominado 'Comercio de Armas en España: una ley con agujeros', las tres asociaciones repasan los pros y los contras de la nueva normativa que prepara el Gobierno. Entre los puntos a favor, se cuenta el simple hecho del proyecto y que se pretenda regular también el comercio de armas de caza y deportivas. En la otra cara de la moneda, el informe asegura que "la ley no mejora sustancialmente la transparencia de la información oficial sobre esta materia y no deja claros los criterios para autorizar o no las exportaciones". Según esto, la norma no garantizaría saber qué se vende desde España o si el Gobierno cuenta con garantías para autorizar una venta.
De hecho, y según palabras del director de Intermón Oxfam en Cataluña, Francesc Mateu, "el 60% de los destinos españoles no cumplen el código de conducta marcado por la Unión Europea". Con las propuestas de las asociaciones, se pretende evitar que el comercio derive a zonas "donde se violan los derechos humanos o están inmersos en situación de pobreza o de guerra", tal y como recalcaron la presidenta de Amnistía Internacional en Cataluña, Montse Garriga y la delegada de Greenpeace, Anna Rosa Martínez. Para fortalecer sus argumentos, mencionan que España vendió armas a Colmbia, Israel, Marruecos y China entre 2002 y 2005 por valor de 65 millones de euros.
Además, las tres ongs reclaman en su informe conjunto una mayor transparencia en el sector. Subrayan que las actas de la JIMDDU, el órgano ejecutivo encargado de las transferencias de armas continúa manteniendo en secreto sus reuniones. Exigen también que el Gobierno informe puntualmente de las exportaciones, ya que todavía no se han remitido al Congreso las estadísticas relativas a la primera mitad de 2006.
CORTO DE AMBICIÓN
El texto hecho público por Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace propone que el proyecto de ley sea "mucho más ambicioso". Para ello, marcan medidas concretas a tener en cuenta, como la claridad y la corrección de las disposiciones ambiguas, el establecimiento de más controles de cara al exterior, aumentar los niveles de transparencia, y desarrollar nuevos mecanismos de control parlamentario para paralizar una exportación en el caso de que fuese destinada a un lugar equivocado.
Las organizaciones lamentan, además, no haber tenido acceso al borrador de la norma para hacer comentarios, facilidades que sí se les habrían dado a la industria armamentística. "Esta es una oportunidad única para que España tenga la mejor ley de comercio de armas", asegura el informe. El texto remitido por las ongs compara la futura ley española con otras existentes en diez países, como Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Italia o Reino Unido.