- Otros cuatro concejales que participaron en la concesión de licencia de obras del Parque Comercial están llamados a declarar
GRANADA, 26 Ene. (OTR/PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) denunció al alcalde socialista de Armilla (Granada), José Antonio Morales Cara, al que fuera concejal de Urbanismo en el municipio, Gabriel Cañavate, también del PSOE y al promotor del Parque Nevada, Tomás Olivo, por la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio y sendos de prevaricación, respectivamente. La fiscalía pide que se tome declaración como imputados a los tres denunciados y también a los cuatro concejales que participaron en la concesión de la licencia de obras del Parque Comercial, en 2005.
Esta actuación tiene su origen en la denuncia, que el pasado mes de febrero, el PP de Granada presentó contra Morales Cara por su actuación en el Parque Comercial, que promueve la entidad General de Galerías Comerciales S.A. de la que es consejero delegado Tomás Olivo -imputado en la 'Operación Malaya'-.
Además de formular la denuncia correspondiente en el Juzgado de Instrucción Decano de Granada, el fiscal pide informe urgente del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil sobre la situación actual del edificio. Según el Ministerio Público, los hechos presentan "numerosos y diversos indicios plenamente racionales" que permiten inferir la posible existencia de los delitos mencionados, a raíz de las irregularidades detectadas.
Entre ellas, se encuentra la ubicación del centro en espacios libres, una edificabilidad que supera ampliamente la prevista en el planeamiento y severas limitaciones para el desarrollo de la circunvalación. Fue precisamente la Junta de Andalucía la que demandó al Ayuntamiento la revisión del Plan por "vulnerar claramente" el Planeamiento Superior, después de que este fuera aprobado en pleno municipal con los votos del PSOE y un concejal independiente en julio de 2005.
RESPONSABILIDAD DE URBANISMO
Estas continuas advertencias de la Junta, son precisamente en las que el fiscal se escuda para alegar que los implicados eran "perfectamente conocedores de la ilegalidad" de su decisión" ya que, además, estas advertencias de ilegalidad estaban documentadas. Sin embargo, en cuanto a los otros concejales llamados a declarar, la situación es distinta, ya que durante la aprobación definitiva, en pleno extraordinario, los ediles que votaron a favor "no contaron con la advertencia o reparo" de la Secretaría General del Ayuntamiento, ni con los informes técnicos pertinentes, por lo que la responsabilidad directa es del concejal de Urbanismo y el propio alcalde.
En cuanto al delito sobre la ordenación del territorio castiga, entre otros, al promotor, que ocupó zonas verdes sin cobertura alguna, que ha negado el supuesto responsable, sin descartar con ello la participación de otras personas. Además de no contar con los informes técnicos preceptivos, tampoco se solicitó el del Consejo Consultivo de Andalucía.