Crónica Inmigración.- El nigeriano fallecido en su deportación murió de parada cardiaca mientras estaba amordazado

- El SUP responsabiliza al Gobierno por no establecer protocolos para garantizar los derechos humanos durante las repatriaciones

MADRID/ALICANTE, 11 Jun. (OTR/PRESS) -

Un primer avance de la autopsia realizada a Osamuyi A., que falleció el pasado sábado durante su deportación a Nigeria en un vuelo entre Madrid y Lagos, menciona la parada cardiorrespiratoria como causa de la muerte. El informe detalla que el joven, de 23 años, iba amordazado aunque no llevaba esposas. Además, su cadáver presentaba sendas contusiones leves en mano y espalda. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), exculpan a los agentes custodios y responsabilizan de la muerte al propio fallecido y al Gobierno, por no establecer protocolos de actuación garantes de los derechos humanos.

El avance de la autopsia, realizada en el Instituto de Medicina Legal de Alicante, emplazó para más adelante la concreción en la causa de la muerte, ya que "no podrá ser establecida hasta que no se conozca el resultado de las pruebas realizadas en el pulmón y el corazón", según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, localidad en la que residen los familiares del nigeriano fallecido. En el ámbito judicial, la juez de instrucción encargada del caso ya ha establecido diligencias previas, por lo que llamará en breve plazo a otros dos ciudadanos expulsados que viajaban en el vuelo del incidente y a los policías que los escoltaban para que participen en calidad de testigos.

CRÍTICA AL GOBIERNO

Desde las filas del SUP respaldan la labor desempeñada por los agentes durante la deportación. En cambio, en un comunicado culparon directamente al Gobierno "por su falta de adaptación a la realidad social a la que se enfrentan los agentes" y al propio fallecido, que habría tratado de suicidarse para evitar ser expulsado. Sobre el ciudadano pesaban cargos tanto en España como en su país de origen.

Ante la "profesionalidad" de los funcionarios, el sindicato policial cargaron contra el Ejecutivo, puesto que "nada se ha hecho" para fijar protocolos de actuación y pautas de obligado cumplimiento "que garanticen los derechos de los expulsados y doten de seguridad jurídica a la actuación de los policías".

La Policía española, por tanto, estaría quedando "rezagada" respecto a los vecinos europeos que cuentan con una mayor regulación, así como garantías jurídicas y medios materiales para ayudar en los traslados. No obstante, el sindicato abogó más por la "calidad" que por la "cantidad", o lo que es lo mismo, no por destinar un mayor número de efectivos el servicio prestado va a mejorar. "No existe una mínima formación que debería ser básica y esencial sobre los derechos humanos que debemos respetar y defende", continuaba el comunicado.

Para los demás partidos también hubo críticas. Y es que "los políticos seguirán alabando a la Policía porque les produce réditos políticos y algunos mandos policiales seguirán colocándose medallas que no han merecido", reprochó el SUP.

Por su parte, la familia sigue aludiendo a los malos tratos como causantes del fallecimiento del joven, supuestamente sano y que no pudo sobrevivir a las vejaciones de los agentes. Para esclarecer cuál de las versiones hechas públicas encaja con lo ocurrido realmente, varias ONGs han exigido "transparencia" al Ejecutivo central. El Comité Español de Ayuda al Refugiado reivindicó una investigación "a fondo" del suceso para poder escoger entre una de las "tres versiones diferentes". En este sentido SOS Racismo reclamó "información pública y transparente por parte del Ministerio del Interior", instando a la prudencia y a "no culpar a nadie" hasta que sobre la mesa se pongan todos los datos posibles.

Como reacción a la polémica, el Grupo Parlamentario de IU-ICV presentó hoy una serie de preguntas en el Congreso para que el Gobierno aclare las circunstancias de la muerte. Al Ejecutivo se le exigirá explicaciones no sólo del caso concreto, sino también de los supuestos malos tratos por parte de la brigada de Extranjería, la formación de los funcionarios que acompañan a los repatriados o las medidas seguridad durante los traslados.