Actualizado 10/01/2007 20:10

Crónica Laboral (2).-El superfiscal de accidentes laborales anuncia "mayor celo" frente a incumplimientos en prevención

- Se pretende perseguir más eficazmente actuaciones que pese a no acabar en daño para el trabajador, sí ponen su integridad en riesgo

VALLADOLID, 10 Ene. (OTR/PRESS) -

El fiscal de sala coordinador de siniestralidad laboral dependiente de la Fiscalía General del Estado, Juan Manuel de Oña Navarro, anunció hoy una mayor persecución a los conocidos como delitos de riesgo en el ámbito laboral. La intención, expresada tras una reunión con los fiscales de la materia de las provincias de Castilla y León, pretende perseguir aquellas actuaciones que pese a no acabar en daño para el trabajador, sí pone su integridad en riesgo.

Con esta persecución específica, de Oña Navarro pretende reflejar que la fiscalía subsanará lo que considera como "un déficit en la aplicación del Código Penal", ya que hasta entonces no se habría perseguido los riesgos en el trabajo con la suficiente intensidad. Sin embargo, el fiscal calificó de "suficientemente graves y disuarsorias" las penas que contempla el Código en todos los casos de delitos laborales. En los accidentes con víctimas mortales, las penas pueden llegar hasta los 4 años de cárcel. En el caso de los siniestros con heridos graves o de delitos de riesgo, el castigo puede llegar hasta los 3 años de privación de libertad.

En el año 2005, de las 98 sentencias dictadas por las audiencias provinciales relativas a siniestros, sólo el 5% guardaban relación con los delitos de riesgo. "Aunque estos delitos están previstos en el Código Penal de 1983 y actualmente desde el nuevo de 1995, no están teniendo la aplicación que debieran merecer en función de las situaciones de riesgo que habitualmente se producen en el ámbito de la actividad industrial, sobre todo en el sector de la construcción", asegura el fiscal Juan Manuel de Oña Navarro.

MAS VALE PREVENIR

Que "la falta de prevención no resulte rentable al empresario", comenta Juan Manuel de Oña Navarro, quien pretende aplicar "el máximo rigor de la ley penal". Por ello, resaltó que "lo más importante es la cultura de la prevención, antes que la represión", proponiendo mayores exigencias también de carácter administrativo y que corren a cargo de la Inspección de Trabajo.

No obstante, de Oña Navarro alabó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, a la que calificó de "francamente buena" pese a no haberse aplicado como se debiera ni haber sido "interiorizada por los agentes sociales encargados de su aplicación".

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