Crónica Yak.- El Yak-42 no tenía el permiso de Fomento para realizar el vuelo en el que se estrelló

- Un informe elaborado por encargo de Trillo aseguraba que la aeronave contaba con el visto bueno de Aviación Civil

MADRID, 15 Sep. (OTR/PRESS) -

El ex subdirector general de Control de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil Luis Rodríguez Gil, aseguró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que el Yakovlev-42 accidentado el 26 de mayo de 2003 con 62 militares españoles a bordo, no tenía su permiso para realizar ese fatídico vuelo. Esta declaración contradice el informe elaborado por el coronel auditor Ricardo Fortún por encargo del ex ministro de Defensa Federico Trillo -conocido como el 'informe Fortún'- que aseguraba que contaba con un permiso de Aviación Civil para volar en España.

El ex alto cargo del Ministerio de Fomento compareció ante el Grande-Marlaska como testigo de la causa que investiga la cadena de subcontrataciones que Defensa encargó a la agencia de la OTAN -Namsa- para contratar el vuelo, que se estrelló en Trabzon (Turquía) cuando regresaba de una misión en Afganistán. Rodríguez Gil señaló que su departamento no concedió el certificado de aeronavegabilidad al Yak-42 para el vuelo en el que se produjo el siniestro porque se trataba de una misión militar ajena a sus competencias.

El 'informe Fortún' realizado en diciembre de 2003 por encargo de Trillo señalaba, sin embargo, que el avión contaba con un permiso de Aviación Civil para volar en España. La aparente contradicción podría deberse, según explicó Rodríguez Gil, a que el aparato contara con un permiso correspondiente a un vuelo comercial anterior al de Afganistán y que, por tanto, no sería válido para misiones militares. También señaló la posibilidad de que el avión únicamente tuviera un certificado de aeronavegabilidad de las autoridades de Ucrania, país al que pertenecía la compañía propietaria, UM-Air.

El certificado de aeronavegabilidad permite a Aviación Civil solicitar la documentación de los aviones que realizan vuelos comerciales en España y realizar inspecciones aleatorias para comprobar el estado de los aparatos, según explicaron fuentes jurídicas, que indicaron que el viaje en el que se produjo el siniestro no se sometió a esta normativa. Fortún no pudo ser preguntado por esta cuestión porque compareció en el juzgado antes que Rodríguez Gil, por lo que las defensas de los familiares de las víctimas se plantean pedir que se le vuelva a citar como testigo.

FORTÚN NO VIO LOS INFORMES

En su declaración ante el juez, Fortún indicó que Trillo le encargó el 30 de mayo de 2003 que realizara un informe para dirimir responsabilidades sobre el modelo de contratación del aparato. En esa investigación no se abordaron las identificaciones de las víctimas ni se incluyeron los informes del Mando Aéreo de Levante (MALEV) y del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) que recogían quejas sobre el funcionamiento de aparatos similares al Yak-42, aseguró, y trabajó con la documentación que le entregaron el teniente general José Antonio Beltrán y el entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte.

No obstante, indicó que no tenía autonomía para realizar el trabajo de campo mediante el que se elaboró el informe y que, aunque conocía que los vuelos habían sido encargados a siete compañías como UM-Air, nunca llegó a ver los contratos. Ante el instructor también declararon hoy otros tres mandos militares que ocupaban cargos de responsabilidad en el Ejército en el momento del accidente: el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Alfonso Pardo de Santayana; el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), Eduardo González Gallarza; y el general de Brigada Jefe número 2 del Estado Mayor del MALEV, Carlos Gómez Arruche.

Todos ellos coincidieron que la contratación del Yak-42 fue responsabilidad del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), en el que se encuadraba el Estado Mayor Conjunto (EMACON). Gómez Arruche y Gallarza añadieron, además, que su única labor fue la de tramitar las quejas que recibieron al Centro de Conducción de la Defensa (CECOD), al frente del que se encontraba Beltrán. Una de ellas fue la del capitán Ramón Ignacio Balsera Bocanegra, que hoy aseguró al juez no recordar los detalles de la misma.