Isaías Lafuente.- En principio...

MADRID 20 Jun. (OTR/PRESS) -

El Parlamento Europeo ha tenido a bien fijar el debate sobre la polémica directiva de retorno en plena celebración de la Eurocopa. Y ha conseguido el objetivo de que el desmán se cuele por la escuadra del derecho comunitario sin levantar el ruido que merecería. Que Europa necesita mecanismos potentes y eficaces para regular los flujos migratorios es una premisa sobre la que no cabe debate. La cuestión es si la directiva que ahora se acaba de aprobar contribuye a este empeño respetando los derechos y el marco legal de forma conveniente.

Cuando las Cortes de la II República aprobaron el voto femenino, los constituyentes intentaron proclamar la igualdad entre los sexos "en principio". Esas dos palabras pretendían configurar un limbo jurídico para las mujeres, consideradas iguales a los hombres pero con un infame grado de provisionalidad. La directiva de retorno - eufemismo de expulsión - nace con la misma intención. El mecanismo para forzar el regreso de inmigrantes irregulares configura un limbo en el que, en la peor de sus esquinas, una persona puede ser detenida sin orden judicial y encarcelada durante un año y medio sin haber cometido delito alguno, sólo por una mera infracción administrativa. Europa ha hecho bueno a Berlusconi.

Él pretendía salvar circunvalaciones y tomar el atajo: los inmigrantes en situación irregular son delincuentes y como tal han de ser tratados. Con esta directiva se da la paradoja de que los inmigrantes no son considerados delincuentes, pero tienen menos garantías jurídicas que si lo fueran. Un contradiós que escandaliza.

La literatura con la que se arma la directiva es explícita cuando se refiere a los poderes y los plazos que tienen los estados para ejecutar las expulsiones, pero se torna imprecisa cuando se refiere a los derechos de los inmigrantes. El capítulo de garantías está lleno de premisas voluntaristas.

El internamiento, dice la directiva, será "lo más corto posible", "las gestiones de expulsión "se ejecutarán con la debida diligencia", el control judicial se decidirá "lo más rápidamente posible", la medida de internamiento se revisará "a intervalos razonables", el internamiento dejará de estar justificado cuando "parezca haber desaparecido la perspectiva razonable de expulsión", los menores no acompañados tendrán alojamiento en instituciones adecuadas, con personal especializado, "en la medida de lo posible". No sé si necesitaremos jueces o académicos de la Lengua para dirimir dudas.

Quienes defienden la directiva sostienen que algunos de sus aparentes excesos en realidad limitan otros aún peores permitidos en algunos países de la Unión. Pero quienes creemos en Europa aspirábamos no a la Europa menos mala, sino a la Europa de la excelencia. Una Europa en la que los derechos humanos tengan al menos la misma consideración que el libre mercado. En principio, no es mucho pedir.

Isaías Lafuente