MADRID, 18 Jun. (OTR/PRESS) -
Cuando una bola echa a rodar por una pendiente, la inercia es imparable. Después de que tres de las cuatro capitales catalanas (Barcelona, Lleida y Tarragona) hayan vetado el uso de velos integrales islámicos en edificios públicos municipales, ahora es un pequeño pueblo leridano, Tarrés, el que debatirá una moción de este tipo. La iniciativa es de un concejal, Daniel Rivera, que pertenece a un partido de ideas xenófobas con presencia minoritaria en el ayuntamiento, por lo que no saldrá adelante. Despejada esa variable, lo más preocupante de esta excentricidad es que en la localidad, de apenas cien vecinos, no figura en el padrón ningún inmigrante. La cosa se plantea por si acaso, como si el ayuntamiento decidiera hacerse con una limusina blindada por si un día aparece por el pueblo el presidente Obama.
Por su extensión, el uso del burka aún no ha planteado problemas en nuestro país; desde luego no en Tarrés. Pero para evitar una cascada de decisiones como las planteadas hasta ahora sería conveniente que, a nivel nacional, se fije un criterio sobre su uso. Ahora parece que el gobierno se está planteando incluir su regulación en la futura Ley de Libertad Religiosa, un encaje que resultaría contradictorio con las razones aducidas hasta ahora por quienes defienden la prohibición: la garantía de la seguridad o el respeto a la dignidad de la mujer, que deberían encontrar acomodo en otras normas.
Sea como fuere, imagino a los redactores de la nueva ley haciendo encaje de bolillos para que cualquier medida restrictiva en razón de la inseguridad que genera un rostro cubierto no lleve por simetría a tener que prohibir el uso del capirote en las procesiones de semana santa. Y si el objetivo que se pretende es liberar a las mujeres de esa perpetua cárcel de tela, el más razonable, deberemos plantearnos cómo haremos para que una hipotética prohibición del burka en los espacios públicos no contribuya a recluirlas definitivamente en la celda del hogar.
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