MADRID, 15 Ene. (OTR/PRESS) -
No sin sorpresa, la Sala Penal del Tribunal Supremo acordó este miércoles, por unanimidad, archivar la causa contra el lehendakari, Patxi López; su predecesor en el cargo, Juan José Ibarretxe; y el consejero de Interior, Rodolfo Ares, por las reuniones mantenidas con los también imputados Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la ilegalizada Batasuna, durante la última tregua de ETA, en 2006. El alto tribunal entiende que no puede haber delito de "desobediencia" por hablar con organizaciones ilegalizadas si no hay un requerimiento expreso previo que se haya incumplido. El Supremo ha ido un paso más allá que el Tribunal Superior de Justicia Vasco, que en enero de 2009 ya había archivado el caso por razones de forma, y tras entrar en el fondo del asunto, acordó el sobreseimiento y archivo del proceso por no considerar delictivas las conversaciones del entonces lehendakari Ibarretxe y dirigentes del PSE-PSOE con Batasuna.
La sentencia, cuya redacción ha sido encomendada al magistrado Andrés Martínez Arrieta y que se conocerá en unos días, contiene un primer pronunciamiento por el cual se estima el recurso de las asociaciones Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, a las que se reconoce "legitimidad" para solicitar la apertura de juicio contra López y Ares, Ibarretxe, Otegi y cuatro dirigentes de Batasuna. Pero, a continuación, el Supremo entiende que el Tribunal Superior de Justicia Vasco no aplicó correctamente la doctrina de la Sala Penal sobre la acción popular, basada en la denominada doctrina Botín, llamada así porque se aplicó por primera vez para levantar del banquillo al presidente del Banco Santander. En una reinterpretación de tal doctrina, la Sala decidió que en aquellos casos de delitos que carecen de perjudicados concretos y nadie ejerce la acusación particular, la acusación popular puede instar la apertura del juicio oral, aunque el ministerio fiscal no acuse.
En ese sentido, y en contra de lo acordado por el tribunal vasco, el Supremo resolvió estimar el recurso de Foro Ermua y Dignidad y Justicia y considerarlas "legitimadas" para acusar a los dirigentes políticos. Sin embargo, tras admitir la legitimación de las acusaciones populares, el Supremo, en vez de devolver la causa al País Vasco, estimó la petición de la defensa de Ibarretxe y del fiscal y entró en el fondo del asunto, es decir, en establecer si mantener conversaciones con dirigentes de organizaciones ilegalizadas es delito o no. Según las fuentes consultadas, el alto tribunal aplicó en este punto la que podría denominarse doctrina Zapatero, en referencia a una resolución del 13 de noviembre de 2006 en la que el Supremo avaló los encuentros del PSE-PSOE con la ilegalizada Batasuna. Dicha resolución rechazó una querella interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y otros, por autorizar una reunión de Patxi López con Batasuna, preparatoria de las conversaciones para poner fin al terrorismo de ETA.
El alto tribunal indicó entonces que el encuentro entre el PSE y Batasuna no era un delito porque no había una orden expresa que lo prohibiera. Y añadió, además, que era un "fraude constitucional" pretender corregir la política del Gobierno a golpe de querellas en los tribunales. También dijo que "sin orden expresa, no puede existir negativa a su cumplimiento".
Ningún partido político se ha mostrado sorprendido en el País Vasco de la resolución del Supremo. Si ya en las vísperas se esperaba "con normalidad" el fallo por parte de Patxi López y del PNV, ayer el archivo de la causa fue visto como "algo lógico" por todos, incluido el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, de visita oficial en Bilbao. Eso sí, el PNV preguntó a la Justicia "qué va a hacer" para "restituir el honor" de los acusados. Desde Aralar se destacó que "el diálogo nunca puede ser castigado". El Foro Ermua y la asociación Dignidad y Justicia, los dos colectivos que ejercieron la acusación, tildaron la decisión judicial de "chapuza jurídica".
Pero la doctrina ha quedado meridianamente clara: no hay delito en dialogar con los ilegalizados del mundo ETA-Batasuna...
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