MADRID, 15 Jul. (OTR/PRESS) -
Como telón de fondo al debate sobre el estado de la Nación está ese anunciado encuentro entre el presidente Zapatero y el de la Generalitat. En unos días, José Montilla vendrá a Madrid a reclamar a Zapatero que enmiende la plana al Tribunal Constitucional. Pero si me apuran, lo trascendente no es lo que Montilla pueda reclamar sino la respuesta de nuestro presidente de Gobierno.
Si un presidente de Gobierno, si un Gobierno, no respeta, si no acata en su totalidad y hace cumplir el dictamen de un tribunal, y mucho más si es el Constitucional, entonces el país habrá dejado de ser plenamente un Estado de Derecho. Y resulta alarmante que desde el Gobierno se venga diciendo que por otras vías legales se puede compensar a Cataluña de sus recortes en el Estatuto. Osea, vienen a decir que hecha la ley, hecha la trampa. Lo malo es que ese es el camino más corto para que los ciudadanos dejemos de creer en la Ley.
No deberíamos de dudar ni un momento en que la respuesta del presidente Zapatero a José Montilla no puede ser más que esta: el fallo del Tribunal Constitucional es el que es y guste o no es de obligado cumplimiento, de manera que, mientras no se modifique la Constitución, todas las normas que se aprueben deben de ajustarse a lo que dice nuestra Carta Magna.
Se queja el Gobierno socialista de que el PP no debió de presentar nunca un recurso de inconstitucionalidad obviando su propia responsabilidad en el problema que ahora tenemos todos sobre la mesa. Un problema creado y engordado por el presidente Zapatero.
El presidente decidió de manera alegre y desenfadada que no pasaba nada por aceptar la petición de su entonces amigo Pascual Maragall para revisar y ampliar las competencias del Estatuto de Cataluña, y en uno de esos gestos alegres llegó a decir que aceptaría lo que le enviaran desde Cataluña y, claro, lo que le enviaron fue un Estatuto totalmente inconstitucional, al que medio arreglaron en la Comisión Constitucional, pero no lo suficiente para dejar de chirriar.
Luego el PP claro que hizo política recurriendo el Estatuto, pero tanta como hizo el PSOE y el Gobierno abriendo el melón estatutario. Zapatero dejó suelto al genio de la lámpara y ahora tenemos un problema, y digo tenemos porque es un problema que ha creado a este país. Sí, ha creado un problema donde no lo había, engordando además al independentismo catalán durante los últimos años.
Es más, me atrevo a decir que será responsabilidad del PSOE las consecuencias de lo que pueda pasar en el futuro a cuenta de haber abierto el melón estatutario de la manera en que lo hizo Zapatero. Sobre todo, nadie le pedía, salvo Maragall, que lo hiciera. No, no había un clamor en las calles ni en la sociedad para modificar los estatutos.
Cuentan quienes están cerca de él, que José Montilla no se lleva bien con Zapatero, que no se fía de él y que acudirá a Madrid para exigirle que le resuelvan el problema del Estatuto.
El caso es que hacer política sin pensar las consecuencias conduce a situaciones endiabladas como las que estamos viviendo. Y es que más allá de cuántas personas fueran a la famosa manifestación en Barcelona, lo cierto es que el que haya ciudadanos que dicen que no piensan aceptar la decisión del Constitucional, que no van a adecuar sus normas al dictamen del fallo supone una crisis institucional de tal gravedad que es como para ponerse a temblar.
Hay quienes se empeñan en enfrentar a Cataluña con el resto de España y la política alegre e inconsistente de nuestro presidente ha contribuido a ello. Esperemos que no nos desborden las consecuencias.
Andalucía
