Julia Navarro.- Escaño cero.- El largo adiós.

MADRID 20 Jun. (OTR/PRESS) -

Lo hemos visto cientos de veces en la tele: en Estados Unidos los candidatos a ocupar cargos institucionales, por ejemplo los jueces del Tribunal Supremo, son "examinados" por una comisión parlamentaria. A veces, alguno de estos candidatos resulta rechazado incluso contando con el apoyo del propio presidente de los Estados Unidos.

Nuestro país tiene un sistema judicial distinto, y aunque los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por las Cortes lo cierto es que esa elección es fruto de una negociación entre partidos que buscan a los más afines a sus propios intereses. Bien es verdad que siempre hay alguno de los elegidos que hace honor a su cargo ejerciéndolo con independencia.

El caso es que en España no hemos resuelto que los representantes en las instituciones sean sobre todo personas de reconocida solvencia y prestigio profesional. Sucede con el Consejo General del Poder Judicial, con el Tribunal de Cuentas, RTV, etc. Sobre el papel son las Cortes las que deciden quiénes van a ocupar estos cargos institucionales, en la práctica todo depende de lo que pacten, en estos momentos, Rajoy y Rubalcaba.

Solo así se explica que algunas de las personas que han presidido o formado parte de determinadas instituciones no cumplan con las expectativas de los ciudadanos respecto a cómo y de qué manera se debe de ejercer un cargo institucional. Es el caso de Carlos Dívar, pero no solo, la lista es mucho más amplia y podríamos extenderla a muchos de los "pasados" y "actuales" miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Lo cierto es que no me imagino que los grandes partidos fueran capaces de poner en marcha un sistema en que, por ejemplo, para elegir a los miembros del CGPJ se pudieran presentar como candidatos jueces, fiscales, catedráticos y abogados sin la necesidad de ser "presentados" por nadie, y que fueran las Cortes las que finalmente decidiera entre los presentados.

Hasta ahora, todos los "residentes" del Consejo General del Poder Judicial han sido "pactados" entre los dos grandes partidos que han buscado a personas de un perfil aceptable para el contrario, en vez de elegir entre los mejores.

El caso Dívar ha supuesto un duro revés para el prestigio de la Justicia y sobre todo del Consejo General del Poder Judicial. Dívar se va con la fama destrozada por su propio empecinamiento en negar que su actitud ha sido cuanto menos una grave equivocación aunque penalmente no tenga relevancia. Pero Gómez Benítez, el consejero que alzó su dedo acusador contra Dívar, también ha hecho un flaco favor a la institución. Teniendo razón en el fondo se ha equivocado en las formas, y es que antes de presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado debería de haber utilizado todos los resortes de la institución para obligar a Dívar a dar cuenta de sus gastos.

Lo cierto es que el Consejo General del Poder Judicial no sale fortalecido de esta crisis sino todo lo contrario. Por otra parte, el largo adiós de Dívar también está contribuyendo a ese desgaste de la institución. Carlos Dívar debería de haber intentado hacer un mutis discreto por el foro por más que en los peores días del escándalo recibiera palabras de apoyo del mismísimo Gobierno.

Lo que está claro es que habría que poner en marcha otros mecanismos que hagan posible que al Consejo General del Poder Judicial y a cualquier institución lleguen los mejores y no los señalados por los partidos.