Cayetano González.- El debate

MADRID 8 Abr. (OTR/PRESS) -

El Congreso de los Diputados, que conviene recordar es el lugar donde está representada la soberanía nacional que reside en el pueblo español, debatirá este martes el intento secesionista impulsado desde Cataluña por Artur Mas, CIU y ERC. El motivo será la petición del Parlamento de Cataluña para que se le transfiera la competencia -exclusiva en la actualidad del Gobierno de la Nación- de convocar un referéndum. El resultado, en términos de votación, de este debate ya se sabe cual va a ser: aproximadamente, el 84% de la Cámara Baja rechazará esta pretensión, que sólo será apoyada por los partidos nacionalistas e independentistas y muy probablemente por IU.

Aunque en la práctica el debate solo servirá para que cada uno de los actores políticos reitere sus ya conocidas posturas respecto al plan soberanista de Mas, al menos se visualizará el gran rechazo que el mismo provoca en los representantes de la soberanía popular. También servirá, lo cual no es poco, para que los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, junto al UPyD voten lo mismo en una cuestión de las que se suelen calificar "de Estado".

Eso sí, a partir del rechazo, los afectados por el mismo recurrirán al consabido victimismo para seguir agitando los sentimientos de sus seguidores. Pero no es previsible que ni Mas, ni CIU ni ERC den un paso atrás. Tienen fijada ya desde hace meses la fecha de la consulta, el próximo 9 de noviembre; han redactado y dado a conocer el texto de las dos preguntas que se someterán a referéndum; han habilitado partidas presupuestarias para que éste se pueda materializar; están trabajando en la elaboración de un censo propio; han dado instrucciones a los Mossos de Esquadra para que ese día las libranzas sean las mínimas. Es decir, ellos siguen a lo suyo, sin importarles mucho lo que diga o deje de decir, lo que vote o deje de votar el Congreso de los Diputados.

El problema político creado fundamentalmente por quienes quieren romper las reglas del juego marcadas por la Constitución seguirá ahí, y ese problema afecta fundamentalmente al actual Gobierno de la Nación. Seguir con el discurso de que el referéndum es ilegal y que no se llevará a cabo puede haber estado bien en los meses últimos, pero la opinión pública demanda ya algo más a quien está obligado por su juramento para el cargo de Presidente del Gobierno a cumplir y hacer cumplir la ley. Instrumentos legales no le faltan a Rajoy para llevar a cabo su función. Desde la suspensión de la autonomía (artículo 155 de la Constitución) hasta reformar el Código Penal para que aquel gobernante que no cumpla sus funciones y atente contra la legalidad vigente, pague con penas de cárcel tal proceder. Se está acabando el tiempo de las palabras y habrá que ir pensando en pasar a los hechos.