MADRID 20 Oct. (OTR/PRESS) -
Que el problema de la vivienda se haya convertido en el centro de los primeros mítines de la campaña electoral es la prueba de que a los dirigentes políticos les cuesta captar las urgencias cotidianas de la gente. Porque el problema viene de atrás. A pesar de los cientos de asesores que trabajan en La Moncloa haciendo informes y a pesar de disponer del CIS, Pedro Sánchez ha tardado ocho años en darse cuenta de que en este tiempo han sido más de doscientos mil los ciudadanos que han pasado por el amargo trance de un desahucio.
Ha sido tras el mediático caso de Maricarmen cuando ha descubierto que mucha gente lo estaba pasando mal. Y la respuesta ha sido la sobreactuación: convocar elecciones y proclamar que necesita renovar el apoyo parlamentario para sacar adelante los famosos decretos que fueron tumbados por el pleno de la Cámara. Decretos que por sí mismos no solucionan el problema de la escasez de viviendas aunque, dadas las restricciones que imponen, temporalmente pueden contener los procesos de desahucio o limitar los abusos en los alquileres.
Estos decretos son el resultado de una improvisación a la vista del escenario de protestas que estaban generando los lanzamientos. De haber sido el resultado de un compromiso político sincero, fruto de la preocupación real por los problemas de quienes carecen de recursos para acceder a una vivienda, el Gobierno que preside habría cumplido con la promesa que en su día le llevó a anunciar que impediría los desahucios y construiría 184.000 viviendas. Ocho años después intenta salir del trance echándole la culpa de la falta de viviendas al PP -aduciendo que las competencias en esa materia están transferidas a las comunidades autónomas, que en parte es así-, pero también lo es que en Cataluña, la región en la que gobiernan los socialistas (PSC), es donde más desahucios se han llevado a cabo durante estos años y donde más tensionados están los precios de los alquileres.
Que en los primeros mítines de la campaña se presente como el campeón de los de 'abajo' frente a los poderosos y los 'fondos buitre' suena a demagogia. Haber tenido ocho años para encarar el problema y no haberlo hecho en profundidad resta credibilidad a sus promesas de campaña. Promesas que, dado lo complejo del asunto, corren el riesgo de acabar entre el viento y el olvido.
