MADRID 23 Abr. (OTR/PRESS) -
Los políticos, algunos políticos, son muy suyos. Al fin y al cabo se dedican a un arte, el de hacer que las cosas parezcan lo que no son o a demostrar que no son lo que es evidente que son. Ayer, Artur Más, en Los Desayunos de Europa Press arremetía con una sonrisa contra los que ahora quieren hacer ver que el trasvase del Ebro no es un trasvase. Nosotros, señalaba el dirigente de CiU "somos gente sencilla, sin muchos estudios, pero si se saca agua de la cuenca de un río y se lleva a otra, con unas tuberías así de grandes, ¡de metro y medio de ancho... eso es un trasvase, digan lo que digan!". Y tiene razón.
Lo mismo podría valer para otras circunstancias. Si hay una Constitución, aprobada por todos los españoles, y un Tribunal Constitucional como máximo órgano interpretativo de la Carta Magna, una garantía frente a los arbitrismos, parece que, diga lo que diga quien lo diga, hay que acatar sus sentencias y aplicarlas. O cambiar la Ley. Pero mientras no se cambia, la ley es para todos. Lo que Más critica de los socialistas, con razón, lo utiliza en su beneficio en otro asunto de trascendencia.
"La última palabra en el Estatuto de Cataluña no la va a tener el Tribunal Constitucional", afirmó ayer (por hoy) sin ponerse colorado. Es más, el Tribunal Constitucional, dijo, "debería ahorrarse una sentencia que sólo va a dar problemas a todos". Artur Más pide al PP, con el que no está dispuesto a pactar nada ni mucho menos a gobernar juntos, que retire su recurso. Y pide al Gobierno que obligue al Defensor del Pueblo a retirar el suyo. Y si no la hacen ni el PP ni Múgica, exige al Constitucional que rechace ambos y no se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Y si se llegara a pronunciar, Más avisa: "si lo acepta íntegramente, no pasa nada; si lo recorta o si desnaturaliza algún artículo, pediremos al pueblo de Cataluña que se pronuncie de nuevo en un referéndum. Y si, como esperamos, el pueblo catalán no acepta los recortes, pues tendremos que tomar decisiones importantes". Después de esa amenaza -difícil de cumplir para alguien que está en minoría-, Más dice que "acatará la sentencia jurídicamente, pero no políticamente", lo cual es lo mismo que él critica respecto del trasvase. O se acata y se aplica o es insumisión.
Aunque el Estatuto lo han aprobado dos Parlamentos, el catalán y el español, y un referéndum -que suscitó, dicho sea de paso, un entusiasmo claramente descriptible- y ha pasado por el cedazo de muchos expertos de partido, si alguien lo recurre y el TC estima el recurso, ya lo veremos, no se podrá aplicar. Lo que vale para un español de a pie, para cualquier empresa o para todos los ciudadanos, vale también para Artur Más. Al menos hasta que consiga los votos necesarios para cambiar la ley. Lo de Artur Más es un coacción a los magistrados, difícilmente presentable para un político. La Educación para la Ciudadanía debería ser obligatoria para los políticos.
Francisco Muro de Iscar.
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