José Cavero.- María Emilia Casas muestra su enfado.

MADRID 28 Abr. (OTR/PRESS) -

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, compareció ayer ante la opinión pública para expresar sus quejas por las críticas recibidas por el TC, y sobre la crisis institucional y la intolerable campaña de desprestigio emprendida contra el Tribunal que ella preside, y que lleva enfrascado casi cuatro años en tratar de elaborar una sentencia sobre el recurso del Estatut catalán. Casas no oculta su enfado por la que considera desproporcionada campaña de desprestigio, y lo hace en el Club Siglo XXI, posiblemente a la misma hora en la que, un día antes, tres magistrados de ese Tribunal -según relata con testimonio gráfico de portada el diario El País- presencian juntos una corrida de toros en la Maestranza de Sevilla. Tres magistrados clave para sacar adelante la sentencia del Estatut, según ponen de relieve los expertos: Guillermo Jiménez, Manuel Aragón y Ramón Rodríguez Arribas. Dos magistrados conservadores y el "converso" a posiciones más duras Manuel Aragón, según las etiquetas que solemos emplear los periodistas. Pues bien, de uno de estos magistrados, el nuevo ponente Guillermo Jiménez, se cuenta precisamente este martes en el diario El País que "redacta de urgencia un fallo más duro", precisamente con el respaldo de Manuel Aragón. Es fácil preguntarse si habrán pactado esos términos en el burladero de la Maestranza...

Lo cierto es que María Emilia Casas ha elevado el listón de la controversia entre administradores y administrados, entre sentenciadores y objetos de la probable sentencia que alguna vez termine de elaborar el TC. ¿Tiene derecho a quejarse? Por supuesto, y de mostrar su enfado por el elevado tono de esas críticas que en los últimos tiempos se han extendido sobre los magistrados del TC. Pero también tienen derecho a expresar sus protestas quienes entienden que esos magistrados debieron haberse ocupado hace años de llegar a un entendimiento, o bien de arrojar la toalla y declararse incompetentes e incapaces de llegar a ese mínimo entendimiento para expresar si el Estatut elaborado por el Parlament catalán, "cepillado" por las Cortes generales y ratificado en referéndum por el pueblo catalán, es o no acorde con la letra y el espíritu de la Constitución vigente. De ahí proceden todas esas críticas y el enfado de los políticos catalanes, que se han extendido a la opinión pública mes tras mes y año tras año, tras una tan desesperante dilación y retraso. De tal tardanza, por cierto, no hace mención doña Emilia, ni tampoco de la "caducidad" de sus magistrados y de ella misma, pese a ser la razón de todas las críticas y de todas las iniciativas para que se proceda con la mayor urgencia a la renovación de la importantísima institución...

¿Es intolerable la campaña de desprestigio contra el Tribunal Constitucional, o es mucho más intolerable e indignante que el tribunal se demore en su resolución, teniendo al país en vilo, y a la política pendiente de una decisión de esa trascendencia y efectos? Doña Emilia perdería en esa odiosa comparación...