MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una de las críticas más escuchadas en los últimos años respecto a la administración de Justicia en España era el caos organizativo en muchos de los juzgados, que contaban con grandes pilas de papeles amontonados. Pero el Ejecutivo tiene la intención de acabar con ello, o eso al menos es lo que refleja el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En total, el Gobierno destina una partida de 101,3 millones de euros para la "plena incorporación" de las nuevas tecnologías --tal y como refleja el propio documento--, lo que supone un incremento del 275% respecto al año anterior. El objetivo de este dinero será el de conectar en Red los ordenadores de juzgados y tribunales, aunque para ello necesitarán la ayuda de las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial.
De esta manera dará comienzo el ambicioso plan diseñado por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, hecho público en marzo de este año durante una comisión en el Congreso y que contemplaba la inversión de 600 millones de euros para modernizar la administración. Con esta propuesta se pretendía acabar con los fallos en la Justicia, cuyo principal reflejo fue el caso de la pequeña Mari Luz.
La incompatibilidad de sistemas informáticos entre comunidades autónomas es uno de los problemas a los que tendrá que hacer frente la administración que, a día de hoy, ve como los jueces de Cataluña, País Vasco o Andalucía --entre algunos de los perjudicados-- no pueden conectarse entre sí para conocer los antecedentes penales de una persona.
FECHA LÍMITE: 2012
Para Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), será necesaria "una pequeña gran revolución" en el sector que afectará más a "las pequeñas voluntades, antes que al dinero". "Hay que contar con la superación y el esfuerzo de las comunidades para sortear de una vez el elevado número de anomalías y decisiones judiciales que se producen por este motivo", afirma en declaraciones a 'Portaltic.es'.
El portavoz de los jueces se mostró escéptico ante esta medida, ya que entiende que faltan muchos detalles por concretar, si bien incidió en que "parece que hay garantías" de que se cumpla el plan de modernización.
Así, respecto a la fecha límite para cerrar este proceso, tanto su predicción como la del portavoz de Justicia para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, apuntan a una misma fecha: el año 2012 y nunca después del final de la legislatura del actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Soy optimista para una solución a medio plazo e incluso antes y un tiempo razonable sería a la conclusión de esta legislatura", resalta Gimeno.
LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Las mujeres víctimas de la violencia de género han sido uno de los sectores más perjudicados por esta falta de sincronización, tal y como recuerda la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, quien afirma a 'Portaltic.es' que durante los últimos años resultaba "ineficaz" el trabajo de los jueces.
En este sentido, el objetivo del Gobierno de alcanzar una conexión administrativa entre los juzgados es celebrado por Gonzalo, aunque reitera que no reducirá el número de casos de violencia de género. "Suavizará el trabajo de los jueces y permitirá una mayor eficacia y control, pero seguirán llegando denuncias a los juzgados", apunta.
REFORMA DE REGISTROS CIVILES
Éste no es el único cambios que prepara la administración de Justicia. El anteproyecto contempla la reforma "en profundidad" de los registros civiles, hasta llegar a alcanzar un servicio único para todo el Estado. La cantidad invertida en este apartado está previsto que alcance los 45,7 millones de euros --un 103,77% más que en años anteriores-- y, previsiblemente, se verá acompañada de una nueva normativa.
"Se superará la actual estructura territorial inconexa, se nutrirá con datos de diferentes fuentes, se organizará la publicidad y todo ello servirá para que cualquier operador pueda acceder desde cualquier punto y con garantías a la información contenida en el Registro Único", vaticinan desde el Ejecutivo.
