MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
María Nieves G., una víctima de un presunto delito de estafa por parte de los administradores de una cooperativa, ha asegurado en el juicio que confió en la compra de la vivienda al no poder pagar otra cosa, ya que su economía no era boyante y los pisos estaban por las nubes, y ha acusado a los acusados de engañarla, lo que le ha provocado muchos "trastornos económicos".
"Me confié al no poder pagar otra cosa y me engañaron. Deposité mi confianza, ya que las viviendas estaban por las nubes. Era mi primera vivienda. Esto me ha creado muchos trastornos económicos. Considero que es justo que no se queden con mi dinero", ha aseverado la perjudicada en la vista oral.
María Rosa T.H. y Manuel G.L., quienes estaban al frente de la Sociedad Cooperativa Madrileña Cinco Soles Mayo-Abril, se han sentado en el banquillo de los acusados por un delito de estafa, por lo que el fiscal ha solicitado una condena de cuatro años de cárcel. Además, el fiscal pide que se devuelva a la perjudicada los 26.000 euros que adelantó para la compra de la casa.
La perjudicada ha relatado que decidió meterse en la cooperativa porque su economía no era boyante y podía pagar la promoción de vivienda en Puente de Vallecas. "Me enseñaron promociones y me inspiraron confianza", ha relatado y ha indicado que la acusada se identificó como responsable de la cooperativa cuando le informó de las promociones.
"Pensé que el terreno estaba comprado. Si no fuera así, no hubiera pagado el dinero. Me confié porque no podía pagar otra cosa y me engañaron", ha añadido. Además, ha apuntado que en la firma del contrató pagó más de 26.000 euros. "Luego, me dijeron que había un problema de movimientos de tierra y no se podía construir ahí. Les reclamé la póliza. Llame varias vece s, pero no me hacían caso. Y solicité la baja de la cooperativa", ha narrado.
En su declaración, María Rosa ha dicho que "desde que se creó la empresa", se ha dedicado siempre, mediante al contrato de arrendamiento, a la gestión de cooperativas a través de su sociedad. "Yo no tenía por qué saber nada del dinero de los socios de la cooperativa porque yo era responsable de una empresa de arrendamiento de servicios", ha insistido y ha dicho que las promociones ofertadas a la perjudicada eran "competencia de la cooperativa", con su padre a la cabeza y como la persona que gestionaba la compra de solares.
"Desconocía las cuentas de la cooperativa y no tenía intervención alguna. Era lo que sabía el presidente y el Consejo Rector. Yo no intervine jamás en una asamblea", ha dicho. A preguntas sobre si su padre le dio un poder para delegar la máxima responsabilidad en ella, ha respondido que el administrador único era él.
"Al ser una persona de avanzada edad me lo dio, pero nunca hice uso de ese poder", ha indicado. "Yo era la intermediaria entre la cooperativa y los socios. De la cooperativa no tengo ningún cargo ni de gestión ni de presidente", ha señalado. "
"No tengo la menor idea". Ésta ha sido la frase más repetida en el juicio por Manuel G.L., quien se encargaba de la gestión técnica de la cooperativa y era vicepresidente de la sociedad. "Si se realizó alguna gestión, yo no la hice. No sabía nada porque no era mi labor. Yo hacía presupuestos y mediciones", ha indicado. Y ha dicho que Miguel Torres se encargaba de la compra de los solares.
Además, ha añadido que "jamás intervino en la compra de solares ni en la venta de viviendas" y ha asegurado que no tenía conocimiento de que una persona reclamaba las cantidades que había entregado, añadiendo que no conoce a la afectada. "No he engañado a nadie y ningún cooperativista me ha dado un duro", ha aseverado.
RELATO DEL FISCAL
Según el fiscal, María Rosa T.H. actuaba como administradora de la cooperativa, participando en la captación de clientes para la adjudicación y la venta de viviendas. Entre las promociones, figuraba la denominada 'Puente de Vallecas-Puerto del Rey'. De este modo, la acusada contactó con la perjudicada, quien pagó 3000 euros para su incorporación como socio de la promoción.
Asimismo, en marzo de 2006 pagó otros 26.546 euros para el pago de la firma del contrato de compraventa de la vivienda. Así, la mujer recibió un contrato por parte de la acusada en la que se estipulaba la asignación de un piso.
Tras meses sin saber nada, la víctima se puso en contacto con la procesada y ésta le comentó que había problemas técnicos que impedían la construcción, ofertándola la incorporación a otra promoción.
Según el fiscal, la Cooperativa no inició en ningún momento ninguna de las promociones ofertadas a la perjudicada, sin que "conste en el registro de cooperativistas acuerdo alguno de la entidad para su desarrollo o ejecución".
