BILBAO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Consumidores de Euskadi ha exigido al Gobierno central "medidas legales y disciplinarias" y la "mayor diligencia" con los consumidores para "corregir la actuación de los controladores aéreos, de forma que no queden impunes por las graves consecuencias generadas" así como la "mayor diligencia" con las reclamaciones de los consumidores.
Además, ha informado a los consumidores de que el carácter de "fuerza mayor" y de "extraordinario" de los hechos no exoneran de la responsabilidad del transportista aéreo respecto a los daños y perjuicios ocasionados.
En un comunicado en el que critica a la actuación de los controladores aéreos el pasado 3 de diciembre, la UCE asegura que el colectivo "ha actuado de forma irresponsable y sobrepasando de forma negligente los límites del ejercicio de los derechos reconocidos legalmente a los trabajadores".
Aunque recuerda que "todos los derechos legales deben ser ejercitados con arreglo a la buena y sin colisionar con otros derechos igualmente amparados y reconocidos por la Ley", en este caso los controladores aéreos "han ejercido sus derechos de forma antisocial y abusiva".
Para la UCE, ha existido "notoria mala fe por las circunstancias en que ha actuado, en el puente festivo de mayor tránsito de viajeros, por los irreparables daños y pérdidas que están ocasionando tanto a los particulares como a la comunidad y por la multitud de afectados, tanto consumidores, trabajadores, agencias de transporte como agencias de viaje, hostelería y servicios".
"Hay que insistir en que los perjuicios causados por los controladores aéreos no son sólo la cancelación de la totalidad de las operaciones aéreas desde el viernes 3 de diciembre sino las graves consecuencias que, de todo orden, se han generado y la dificultad de resarcir todos los resultados y efectos negativos de su actuación", ha afirmado.
FALTA DE INFORMACIÓN
La Unión de Consumidores de Euskadi ha criticado, por otra parte, la "total falta de información y de asistencia a los consumidores" por parte de los operadores turísticos, por las compañías de transporte y por la Administración Pública.
A su juicio, no se han adoptado "las medidas adecuadas" ni tampoco se ha actuado "con la diligencia exigible para paliar los daños y perjuicios a los consumidores". "Los consumidores, terceros ajenos en el conflicto laboral o en el pulso entre los controladores aéreos y el Gobierno, no han recibido ninguna atención ni asistencia adecuadas a la magnitud del problema", ha agregado.
En concreto, censura la falta de generalización, para todos los pasajeros, de la comida y refrescos suficientes "en función del tiempo de espera" o el alojamiento en un hotel para pernoctar, el transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento y las dos llamadas telefónicas, télex o mensajes de faxes o correos electrónicos, "asistencia mínima a la que tienen derecho los consumidores".
RESPONSABILIDADES
La UCE ha exigido al Gobierno "que se adopten todas las medidas legales, y especialmente las disciplinarias, para corregir la actuación de los controladores aéreos, de forma que no queden impunes por las graves consecuencias generadas" y ha requerido a las compañías de transporte y a las agencias de viaje "la mayor diligencia en el reintegro de las cantidades que deban abonarse a los consumidores afectados, evitando agravar más su situación con demoras innecesarias".
Para el colectivo vasco, los consumidores "siempre resultan perjudicados en los conflictos laborales que mantienes los diversos prestadores de servicios que operan en el mercado, que son siempre utilizados en contra de su voluntad como instrumento de presión o rehenes en problemas ajenos, que nunca resultan efectivamente resarcidos de todos los daños y perjuicios causados y que nunca se les presta la debida asistencia y protección por la Administración pública".
Por otra parte, se ha informado a los consumidores de que el carácter de "fuerza mayor" y de "extraordinario" de los hechos "no supone la exoneración de la responsabilidad del transportista aéreo respecto de los daños y perjuicios".
"La concurrencia de tales circunstancias extraordinarias no excluye los derechos mínimos reconocidos a los pasajeros aéreos por la normativa europea (derecho al reembolso del billete o a un transporte alternativo y derecho a atención, comida, alojamiento, asistencia, información), y en su caso por la normativa internacional en la que España es Estado parte y legislación nacional (Ley de Navegación Aérea, Código Civil, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios)", ha agregado.
Por esta causa, ha instado a los afectados por las cancelaciones y las suspensiones de sus vuelos o viajes a conservar las facturas de los gastos efectuados y formular su reclamación por escrito, sin que sea preciso hacerlo en los impresos oficiales. "Basta una simple comunicación con una copia de la misma, donde consten la identidad del viajero, identificación de la compañía de transporte aéreo, referencia al vuelo cancelado o demorado, las fechas y horas del vuelo, el origen y destino del vuelo", ha indicado.
Por último, ha indicado que la reclamación puede registrarse en las oficinas de la compañía de transporte aéreo o bien mediante correo postal, correo electrónico o fax a la agencia de viajes.
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