El PP propone que el fiscal pueda interponer cualquier acción en defensa de los consumidores y usuarios

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular quiere que el Ministerio Fiscal esté legitimado para ejercitar cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, según se desprende de una de las 33 enmiendas presentadas por los 'populares' en el Congreso al articulado de la nueva Ley del Consumidor y que, previsiblemente, saldrán adelante, dada la mayoría absoluta de los 'populares' en el arco parlamentario.

Para ello, el PP propone una modificación de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil para que se refuercen las competencias de los fiscales en defensa de los derechos de los consumidores y estos puedan actuar en defensa del colectivo, con independencia de lo que hagan las asociaciones de consumidores.

El actual redactado de la Ley de Enjuicimiento Civil establece que el Ministerio fiscal está únicamente legitimado para el ejercicio de la acción de cesación (pedir al demandado que cese en su conducta y no la repita en el futuro), en materia de defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.

Esta enmienda ya fue anunciada por la portavoz de Consumo del PP en el Congreso, Andrea Fabra, a mediados de enero, durante el debate de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

CONFIRMACIÓN DOCUMENTAL

Estas enmiendas, a falta de ser aprobadas en la comisión de Sanidad del Congreso, plantean también que en los contratos con consumidores y usuarios estos tengan derecho a recibir la factura en papel y, la expedición de la factura electrónica se efectúe siempre y cuando exista un consentimiento expreso del consumidor.

Promueven también que las empresas que celebren contratos con los consumidores y usuarios estén obligadas a remitir las condiciones generales de contratación que integren dichos contratos, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, al objeto de facilitar el estudio y valoración del posible carácter abusivo de determinadas cláusulas y, en su caso, ejercitar las competencias que en materia de control y sanción les atribuye esta ley.

En las 33 enmiendas que ha presentado el PP, también se establece que el incumplimiento de la obligación de suministrar las condiciones generales de la contratación podrá ser sancionado por los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios.

Es más, va más allá y precisa que será la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición la que podrá sancionar igualmente el incumplimiento de esta obligación en aquellos sectores que estén afectados por las competencias exclusivas del Estado.

Igualmente, el Grupo Popular ha planteado en sus enmiendas que no serán vinculantes para los consumidores los convenios arbitrales suscritos con un empresario antes de surgir el conflicto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

En materia de atención al cliente, los 'populares' quieren que la nueva Ley del Consumidor establezca que las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas pongan a disposición del consumidor y usuario aseguren que éste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones mediante la entrega de una clave identificativa y un justificante por escrito o en cualquier otro soporte duradero.

Si tales servicios utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a cabo sus funciones deberán garantizar una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance, dicta la enmienda.

Además, puntualiza que estas oficinas y servicios serán diseñados utilizando medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad universal y, en su caso, medios alternativos para garantizar el acceso a los mismos a personas con discapacidad o personas en edad avanzada.

En caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica (coste ordinario de una llamada, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario), sin perjuicio del derecho de los proveedores de servicios de telecomunicaciones de cobrar por este tipo de llamadas.

En otra de las enmiendas, el Grupo Popular quiere que si el empresario no hubiera cumplido con el deber de información y documentación sobre el derecho de desistimiento, el plazo para su ejercicio finalice doce meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial, a contar desde que se entregó el bien contratado o se hubiera celebraddo el contrato si el objeto de éste fuera la prestación de servicios.

Finalmente, en su paquete de enmiendas, el PP ve "conveniente" en sus enmiendas establecer el plazo de 14 días naturales para la devolución por el empresario de las cantidades recibidas del consumidor y usuario, con independencia del tipo de contrato de que se trate, teniendo en cuenta que la directiva que se traspone establece ese plazo de 14 días naturales para los contratos a distancia y los celebrados fuera del establecimiento.