ANDALUCÍA.-IULV-CA muestra su "decepción" por el "retroceso de lo público" que supone el decreto de Educación Infantil

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de IULV-CA y Portavoz en materia de educación, Ignacio García, manifestó hoy la "preocupación" de IULV-CA en relación al decreto regulador de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, presentado por la Consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, y aprobado ayer en Consejo de Gobierno.

En un comunicado, Ignacio García apuntó que el primero de los aspectos "negativos" de este decreto regulador es que la Junta "renuncia a tener una red propia de centros de educación infantil, en el tramo de 0 a 3 años".

"Según la referencia de la propia Junta de Andalucía sobre el decreto, el principal procedimiento para la creación de plazas es la suscripción de convenios entre la Consejería de Educación y las entidades privadas, corporaciones municipales y otras administraciones a las que, de alguna manera se les ha instado, a su vez, a suscribir convenios con otras entidades privadas, lo que supone el incumplimiento del artículo 41.3 de la Ley de Educación de Andalucía (LEA)", apostilló.

En segundo lugar, el parlamentario andaluz hizo referencia al aumento de la ratio de alumnos sobre la situación actual contemplada entre los acuerdos de la Consejería de Igualdad y los sindicatos. Así, indicó que, mientras que el decreto presentado establece un máximo de ocho alumnos por unidad, para menores de un año, los acuerdos con sindicatos establecen un máximo de seis niños.

Asimismo, dijo que el citado decreto establece un máximo de 13 niños para las clases de 1 a 2 años, cuando los acuerdos con los sindicatos eran de diez niños. Y, finalmente, para el tramo de 2 a 3 años, el decreto establece 20 niños por aula cuando los acuerdos eran 15.

Por otra parte, el tercer aspecto de "retroceso" del decreto para IULV-CA es la gratuidad del servicio pues, "en el mejor de los casos y salvo en casos muy extremos --circunstancias socio-familiares de grave riesgo, víctima de terrorismo y de violencia domésticas--, las familias con escasos recursos económicos tienen que pagar un mínimo de 69,7 euros por el servicio socio educativo y el comedor y 13,8 euros más, por los talleres de juego. Es decir un total superior a los 83 euros, como mínimo".

En este sentido, García criticó que "en estos momentos de crisis, para una familia de escasos recursos y con varios niños supone un auténtico mazazo". "Está claro que con estas acciones se limita la educación pública a familias con cierto poder adquisitivo", afirmó.