ASTURIAS.-Concapa Asturias aboga por extender el proyecto de Madrid para que todos los docentes sean autoridad pública

OVIEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) de Asturias aboga por extender el proyecto de la Comunidad de Madrid para que los docentes, tanto de centros públicos como concertados y privados sean considerados autoridad pública.

Según indicó el portavoz de Concapa Asturias, José Manuel Martínez, en declaraciones a Europa Press, el colectivo aplaude la iniciativa legislativa de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, destacó que cuenta con la recomendación del Consejo Escolar de Madrid, y remarcó que es una medida que permitirá la aproximación entre las educaciones pública, concertada y privada. Por ello, incidió en que sería "deseable" que el proyecto fuera "extensible" a otras comunidades autónomas.

De este modo hizo referencia al hecho de que todos los docentes, incluidos los de los centros privados de la Comunidad de Madrid serán beneficiarios de la Ley de autoridad del Profesor que el Gobierno autonómico va a poner en marcha en primavera y que da, entre otras cosas, presunción de veracidad en las declaraciones de los profesores en aquellos conflictos que tengan lugar dentro del centro educativo o en actividades extraescolares referidas al ámbito de la educación.

Así lo anunció esta semana el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, y explicó que pese a que en un principio quedaron excluidos los centros privados que, en su mayoría tienen normas propias en este sentido, el Consejo Escolar emitió la recomendación de incluir a los profesores de los privados junto con los de los concertados y públicos.

"El Gobierno va a extender la condición de autoridad pública a todos los profesores de la enseñanza, de los públicos, concertados y privados que gozarán de la presunción de veracidad en sus actuaciones", señaló González, quien indicó que el Consejo de Gobierno decidió hoy remitir el texto a la Asamblea de Madrid para su debate parlamentario y tener la ley vigente aproximadamente en marzo.

Por su parte, la consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, explicó que, tras esta inclusión, los beneficiados de la ley serán en torno a unos 75.000 profesores (más de 67.000 de la pública y la concertada junto con los casi 9.000 profesores que hay en la enseñanza privada) y añadió que se ha tomado esta decisión después de comprobar que no hay ningún problema de "carácter jurídico" que lo impida.

La Comunidad, además de no encontrarse trabas en las normas jurídicas, ha decidido seguir adelante con la extensión a todos los centros porque a pesar de lo que ellos consideraban en un principio, se ha detectado "una demanda también importante en el Consejo Escolar" que ha propuesto en su dictamen incluir este aspecto en la normativa con los votos a favor de todas las partes (CC.OO, UGT, CSIT, ANPE, la FAPA Giner de los Ríos o el Ayuntamiento de Getafe).

En este punto, el vicepresidente del Gobierno apuntó que el informe del Consejo Escolar, que se reunió el pasado lunes, es muy "contundente" con frases que dejan "muy claro" la necesidad de incluir a todos los docentes. Así, destacó algunas sacadas de distintos informes sobre educación que apuntan, por ejemplo, que "los profesores emplean el 16 por ciento del tiempo lectivo en recuperar en el aula el clima del orden necesario para enseñar y aprender".

También cuentan con afirmaciones sobre España ocupa el último lugar de los 26 participantes en la UE o que se ha puesto de manifiesto que en cuanto a la falta de respeto al profesor, los alumnos españoles de 15 años están por encima de la media de los países europeos. Según el Consejo Escolar, ante situaciones así se hace "imprescindible" reforzar la autoridad del profesor para conseguir un clima escolar "ordenado y asegurar la formación del alumno en valores".

Asimismo, la futura Ley establece que los centros podrán recabar de los padres o representantes legales la información y colaboración necesaria respecto a las circunstancias personales, familiares o sociales de los alumnos para facilitar la aplicación de las normas que garanticen la convivencia escolar.