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MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados debate este martes la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales que persigue reforzar el derecho de las familias a elegir el tipo de centro.
La proposición de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que desde la entrada en vigor de la LOMLOE "la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales es un modelo de imposición que limita los derechos de los alumnos con necesidades educativas especiales".
La ley del PP eliminaría de la LOMLOE la disposición adicional que establece que el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, antes de 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.
Los populares critican que en la actual ley educativa "se da absoluta preferencia a que la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales se lleve a cabo en centros ordinarios, marginando a los centros de educación especial y condenándoles a su cierre efectivo".
"La simple incorporación de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales a los centros educativos ordinarios no puede considerarse inclusión", señala la iniciativa.
Para el Grupo Parlamentario Popular, la inclusión "requiere de la realización en los centros de los ajustes necesarios que garanticen a esos alumnos un entorno en el que se asegure que la relación con los demás será positiva y contribuya a la integración de aquellos en la sociedad, en la medida de lo posible".
Además, avisa de que la escolarización de alumnos en centros de educación especial "no puede determinarse como irrazonable o discriminatoria y es coherente con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".
El proyecto de ley establece que la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales incluirá también la orientación a los padres para la necesaria cooperación entre la escuela y la familia; y elimina de la LOMLOE que las Administraciones educativas "regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo".
La norma, que tiene la finalidad de asegurar una educación de calidad a los alumnos con necesidades educativas especiales, propone adecuar la ley por una regulación "más precisa y un desarrollo legislativo y de oferta que se adapte a las necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales ampliando la edad de permanencia al menos hasta los 21 años de edad".
El objetivo del PP es "garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos con independencia del lugar en que residan y dar seguridad a las familias y a los alumnos que encuentran limitadas sus opciones de seguir formándose educativa y profesionalmente y evitar agravar su vulnerabilidad".
La formación recuerda que en la tramitación parlamentaria de la LOMLOE las familias y asociaciones de alumnos de necesidades educativas especiales escolarizados en centros de educación especial "no fueron escuchadas".
En la exposición de motivos, detalla que el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad en el curso 2023-2024 es de 292.897 alumnos; y el porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales que recibe apoyo supone el 3,6% del alumnado.
Los mayores porcentajes se presentan en los centros públicos y en la enseñanza concertada (4% y 3,6% del total de su alumnado, respectivamente), siendo más reducido en la enseñanza privada no concertada (0,8%).
Las discapacidades más frecuentes en el alumnado con necesidades educativas especiales son los trastornos del espectro del autismo (31,4%), la intelectual (24,7%) y los trastornos graves de la comunicación y el lenguaje (13,9%). Una parte importante del alumnado con necesidades educativas especiales, el 85,2%, está escolarizado en enseñanzas ordinarias, mientras el 14,8% restante está en centros y unidades de Educación Especial específica.
GARANTIZAR LA IGUALDAD PARA AFRONTAR LA VUELTA AL COLE
El Pleno del Congreso también debatirá la proposición no de ley del PP relativa a garantizar la igualdad de los españoles para afrontar el inicio del curso escolar 2025-2026.
La iniciativa insta al Gobierno, con el acuerdo de las comunidades autónomas, a adoptar un plan de choque para afrontar el inicio del curso escolar 2025-2026.
Con este plan de choque, el Ejecutivo debería incrementar la dotación del programa de cobertura de libros de texto y material didáctico a comunidades autónomas hasta al menos 100 millones de euros, conforme a los criterios que se acuerden en la Conferencia Sectorial de Educación, así como aprobar con carácter urgente un programa de cooperación territorial para reforzar las ayudas de las comunidades autónomas en el ámbito educativo (comedores escolares, transporte escolar, etc.).
El PP también quiere que el Gobierno garantice en el primer ciclo de la Educación Infantil, de cero a tres años, la gratuidad en todos los centros educativos como medida de equidad, que será cofinanciado entre el Estado y las Comunidades Autónomas, aportando cada una el 50%; Y que asuma desde este curso el 5% del importe de las cuotas de la Seguridad Social de los alumnos de las prácticas formativas no universitarias para alcanzar la totalidad de su bonificación.
Por último, exige al Ejecutivo que financie el sobrecoste que supone para las administraciones educativas incrementar los recursos humanos y materiales necesarios para la escolarización de los alumnos migrantes en la educación obligatoria.