Consejos Sociales de Universidades rechazan el mínimo de 4.500 alumnos que propone el Gobierno: "Debe primar la calidad"

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) rechaza que la propuesta del Gobierno para endurecer los requisitos para las universidades incluya que el número de estudiantes matriculados (mínimo de 4.500 alumnos) sea un criterio para mantener el estatus de universidad y considera que "debe primar la calidad educativa, medida por evaluaciones objetivas, periódicas y globales realizadas por agencias independientes".

El organismo también ha avisado de que la exigencia de ofrecer titulaciones en al menos tres ramas del conocimiento "puede dificultar la creación de universidades especializadas, que son clave en el nuevo contexto formativo y profesional".

No obstante, ha valorado positivamente el esfuerzo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por actualizar el marco normativo que regula la creación y acreditación de las universidades privadas en España y, en el periodo de audiencia e información públicas, ha formulado varias recomendaciones con el objetivo de que la nueva norma "se adapte mejor a la realidad del sistema universitario y a sus desafíos futuros, y garantice una oferta educativa rigurosa, diversa y con compromiso social".

Los Consejos Sociales son los representantes de la sociedad en el gobierno de la Universidad. Tienen encomendadas funciones de supervisión y control de las actividades de carácter económico y académico de la Universidad, así como del rendimiento de sus servicios.

Estas propuestas buscan "garantizar un equilibrio entre la calidad y la flexibilidad institucional, y evitar rigideces que limiten la innovación, la especialización o el crecimiento sostenible del sistema".

La CCS defiende el derecho constitucional de creación de centros docentes y considera que los requisitos de calidad "sean exigentes pero proporcionados, sin convertirse en barreras a la innovación o a la diversidad institucional".

Apoya la reforma como respuesta necesaria a la transformación del sistema universitario, y valora que el borrador recoja avances en gobernanza y calidad.

"Toda universidad debe asumir de forma efectiva sus tres funciones: formación, investigación y transferencia. Reducir su papel solo a la docencia compromete su esencia", advierte.

La Conferencia rechaza que las universidades virtuales deban pasar por un procedimiento distinto a las universidades presenciales que implique la aprobación de las Cortes Generales. "Todos los centros deben evaluarse con criterios de calidad, con independencia de la modalidad de impartición", puntaliza.

Reclama dotar a las agencias de calidad de más autonomía, recursos y reconocimiento internacional, para que "puedan desempeñar su función con garantías y sin interferencias políticas o institucionales".

El organismo celebra la creación de una comisión para avanzar hacia el 1% del PIB en financiación pública universitaria, "condición indispensable para que las universidades puedan asumir las nuevas exigencias del decreto".

La CCS subraya la importancia de que las universidades publiquen "de forma clara" sus resultados en docencia, investigación y transferencia, y cuenten con sistemas internos que prevengan posibles irregularidades, especialmente en la expedición de títulos. "Esto aumentaría la confianza ciudadana en el sistema universitario y mejoraría su rendición de cuentas", asegura.

Asimimso, respalda la limitación de la docencia en universidades privadas por parte del profesorado público a tiempo completo, pero reclama "una regulación más clara y mecanismos efectivos de control".

"La redacción actual del decreto puede generar dudas sobre si las universidades pueden tener centros adscritos que impartan formación no oficial, como microcredenciales, formación continua o FP de grado superior", señala la CCS, que pide que se aclaren estas actividades, clave en el aprendizaje a lo largo de la vida y en la conexión con la sociedad.

El decreto propone que cada universidad solo pueda presentar cinco nuevas titulaciones por curso y cinco modificaciones. La CCS considera que este límite es "poco realista", ya que no tiene en cuenta el tamaño, estrategia o madurez institucional de cada universidad.

Como alternativas, propone una planificación plurianual coordinada, mayor autonomía para las universidades acreditadas o una redefinición clara de qué se considera una modificación sustancial.

Finalmente, la CCS hace un llamamiento al diálogo constructivo y ofrece su colaboración para mejorar el sistema universitario, apostando por "un modelo plural, de calidad y socialmente comprometido".