CSI-F exige la prórroga de la jubilación del profesorado que establece la LOE y su discusión en la Mesa Sectorial

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enseñanza CSI-F exigió hoy que se establezca el derecho a la jubilación anticipada e incentivada al que, desde 1991, se acogen miles de docentes tras una larga trayectoria dedicada a la enseñanza pública y demanda la apertura "inmediata" de las negociaciones en la Mesa Sectorial Nacional de Educación, tras conocer que el Pacto Social y Político por la Educación "no contempla incluir este aspecto en sus negociaciones".

En un comunicado, el grupo destacó que este derecho "no es ningún capricho de las Administraciones, sino que supone el reconocimiento del Estado a una generación de docentes que han tenido que actualizarse permanentemente a causa de los vertiginosos cambios educativos y sociales que sufridos por la sociedad española en los últimos treinta años".

Así, señaló que, en virtud del acuerdo que firmaron en 2005 con la Administración, antes de finalizar el periodo de vigencia citado debe estudiarse su prórroga y, en su caso, la modificación de sus requisitos. También, subrayó que la misma LOE establece que el Gobierno, previa consulta a las CC.AA, procederá a la revisión del tiempo referido al régimen de jubilación voluntaria así como de los requisitos exigidos.

Según aseguró el sindicato, "el fracaso de la negociación del Estatuto Docente impidió que este punto irrenunciable, tanto para el profesorado como para CSI-F, fuera una realidad". En opinión de sus responsables, la inexistencia de referencias a la prórroga de la jubilación ni en el documento de negociación del Pacto del PP ni en el que el ministerio ha presentado a los consejeros, hace saltar todas las alarmas entre el colectivo docente".

Por todo ello, exigió la reanudación de la negociación en la Mesa Sectorial y anunció la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas entre el profesorado para negarse a la reciente propuesta de alargar la jubilación a los 67 años, una medida con la que CSI·F se muestra "totalmente en contra" pues, según alertó, "puede ser muy negativa para los docentes de la enseñanza pública".