El Defensor avisa del "colapso" en la homologación de títulos universitarios y pide "transparencia" al Ministerio

   MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Pueblo ha advertido de que la situación de "colapso" en la gestión de la homologación de títulos universitarios extranjeros "provoca también errores procedimentales, con reiterados requerimientos de subsanación ya cumplimentados e indebidas declaraciones de desistimiento".

   En este contexto, pide un "esfuerzo de transparencia" que permita supervisar la actuación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y "dé certeza a los interesados sobre sus reales expectativas de obtener una resolución, carencias de las que adolece actualmente el procedimiento".

   Así lo ha reflejado la institución que dirige Ángel Gabilondo en su informe anual 2025, recogido por Europa Press, que se ha registrado este martes en el Congreso y ha entregado a su presidenta, Francina Armengol.

   El Defensor del Pueblo concluye que "el elevado número de quejas recibidas" sobre los servicios de información, atención y resolución de incidencias en la homologación de títulos universitarios "revela la insuficiencia de los canales establecidos al efecto por la Administración".

   En 2025, el Defensor del Pueblo recibió más de 1.000 quejas en relación con la falta de resolución o la tramitación incorrecta de expedientes de homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios extranjeros.

   Durante este año han proseguido las actuaciones de carácter general seguidas por esta institución ante la Secretaría General de Universidades, en relación con la "grave situación" de retraso en la tramitación de estos expedientes y, simultáneamente, ha tramitado con carácter individual aquellos expedientes en los que la demora puede ser indiciaria de algún error procedimental, o la superación de los plazos para evacuar el correspondiente trámite es tal que requiere una explicación específica por parte de la Administración.

MEDIDAS PARA AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES

   La Secretaría General de Universidades dio traslado al Defensor del Pueblo de las nuevas medidas adoptadas para racionalizar la tramitación de estos procedimientos y agilizar su resolución, que priorizan las solicitudes de homologación y de declaración de equivalencia de los solicitantes residentes en España, frente a quienes residen fuera del país, y, dentro de cada uno de los colectivos afectados, a quienes pretenden la homologación o declaración de equivalencia de un título al que se le puede a aplicar una o varias medidas generales.

   En septiembre de 2025 fue dictada una nueva resolución para agilizar las solicitudes de las personas con una oferta firme de empleo de alta cualificación, con el fin de atender las necesidades de sectores clave del mercado laboral.

   El institución que dirige Ángel Gabilondo señala al respecto que la Secretaría General de Universidades "añadió que se había fortalecido la información a los afectados, potenciando canales de asistencia por escrito y telefónico y un servicio de resolución de incidencias, y que está trabajando para incorporar tecnologías de automatización y de inteligencia artificial en la gestión administrativa de los expedientes y en el diseño de una nueva aplicación informática".

   También anunció una modificación del Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación.

   El Defensor del Pueblo reconoce que los datos que ofreció la Secretaría General de Universidades "revelaron una mejora en la gestión de las solicitudes". Así, según indicaba, en el año 2024 se había llegado a 40.000 resoluciones de homologación y de equivalencia, y en el primer semestre de 2025 se habían resuelto más de 32.000 expedientes, resaltándose que en ambos períodos, por primera vez en muchos años, el número de expedientes resueltos había superado el número de nuevas solicitudes.

   A pesar de estas cifras, según esa misma información, la institución estima de modo aproximado en 100.000 los expedientes pendientes de resolución.

   "Sin negar la eficacia de las medidas adoptadas, la tramitación de las quejas presentadas pone de relieve que todos los expedientes se tramitan en un plazo muy superior a los seis meses previstos en la norma de aplicación. En muchos supuestos transcurre más de un año sin que tan siquiera se haya comprobado si la documentación presentada permite el inicio de la tramitación o varios meses pendientes de la evacuación de un trámite que la norma exige realizar en días", avisa.

   Por otro lado, la institución recoge en su informe que no ha recibido la información solicitada acerca de la implantación del Pasaporte Europeo de Cualificaciones para Refugiados, por lo que reiterará la solicitud a la Subsecretaría de Ciencia, Innovación y Universidades