EpC.-El Gobierno y miles de objetores esperan del nuevo año la resolución del Tribunal Supremo sobre la materia

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, por un lado, y miles de objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), por otro, esperan de 2009 la resolución del Tribunal Supremo sobre los recursos contra cuatro sentencias emitidas por los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Asturias, que se emitirá el próximo 26 de enero.

Sobre las resoluciones judiciales, la entidad representantita del movimiento objetor Profesionales Por la Ética indicó hoy a Europa Press, que los últimos datos advierten de que hay un total de 263 autos y medidas cautelares que favorecen a los alumnos objetores, a los que se les exime de ser evaluados hasta que el Supremo se pronuncie.

Tal y como establece la Ley Orgánica de Educación (LOE), que entró en vigor en 2006, este curso 2008-2009 comenzó a impartirse la materia de forma obligatoria en todas las comunidades autónomas, a pesar de la oposición de las gobernadas por el Partido Popular, y más concretamente, de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana.

La presidenta madrileña recordó recientemente que en todas las comunidades autónomas se está impartiendo la asignatura ya que es "una obligación legal que hay que cumplir le guste a uno o no", y subrayó que tanto en Madrid como en Valencia, se está dando clase de esta asignatura.

Aguirre aclaró que "lo que se está haciendo en las dos comunidades es atender a los padres que objetan a que sus niños sean adoctrinados por esa asignatura ya que los padres tienen ese derecho recogido en la Constitución". De ese modo, según Aguirre, los padres "pueden elegir la educación que mejor se adapte a sus principios y a sus valores".

MADRID TIENE QUE CONTESTAR EN ENERO A UN REQUERIMIENTO

Sin embargo, sobre la Consejería de Educación madrileña pesa un requerimiento del Gobierno por las instrucciones que ha dado a sus centros para que atiendan a los alumnos que objeten la asignatura, a los que se les da la posibilidad de aprobar mediante un trabajo. Si el Gobierno de la capital no contesta en enero, el Ministerio de Educación estudiará la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La Comunidad Valenciana, por su parte, ha protagonizado a lo largo de este año otra polémica en torno a la materia obligatoria, tras emitir una orden en la que obligaba a que EpC se impartiera en inglés en todos los centros escolares, en contra de sindicatos de profesores y asociaciones de padres, que convocaron huelgas y manifestaciones.

Para poner fin a esta situación y con el objetivo de asegurar la "correcta implantación" de la asignatura en la región valenciana, la Consejería de Educación decidió hacer efectiva una moratoria, dando la oportunidad a los docentes titulares de la asignatura a decidir dar la materia en inglés, en castellano o valenciano.

Sobre esta rectificación del Gobierno valenciano, el Ministerio de Educación aseguró que se trataba de "una buena noticia", no sin antes apuntar que el Consell "ha intentado hacer política de oposición al Gobierno utilizando la educación y creando una enorme confusión". "Confiamos en que impere el sentido común y que esta medida sea el inicio de la vuelta a la normalidad en la comunidad educativa valenciana", señaló la ministra Mercedes Cabrera en su última comparecencia del año en el Senado.

EL VATICANO SE PRONUNCIA

La polémica sobre EpC llegó hasta el Vaticano, que llegó a afirmar que la materia es una "intrusión estatal absolutamente ilegítima". Así lo declaró el arzobispo y prefecto de la Congregación Pontificia para las Causas de los Santos del vaticano, en una entrevista publicada por la revista católica italiana 'Il Consulente Re', recogida por Europa Press.

"Obviamente, aquí en Roma, conocemos bien este grave problema", señaló el obispo, para añadir que existe una tendencia creciente en toda Europa a dejar que el Estado entre "cada vez más en la vida personal de cada uno, obligando a las familias a elegir determinadas escuelas con determinadas materias, no de instrucción sino de adoctrinamiento".