MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha asegurado que la Abogacía del Estado "no se opuso" a la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligaba a la Generalitat a establecer un mínimo del 25 por ciento de castellano en el sistema educativo catalán.
Así lo ha manifestado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, a la que ha accedido Europa Press, sobre la sentencia que obliga a Cataluña a impartir como mínimo el 25 por ciento de las horas lectivas en castellano.
El Gobierno insiste en que la competencia para hacer ejecutar la sentencia corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sobre esa base, añade que la Administración General del Estado "prestará la colaboración requerida por los jueces y tribunales de lo Contencioso administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto, de acuerdo con sus competencias y las responsabilidades que le atribuye el ordenamiento jurídico".
La sentencia estableció la obligación de la Generalitat de Cataluña de adoptar las medidas que sean necesarias a los efectos de garantizar en el sistema educativo de Cataluña un uso vehicular normal de ambas lenguas oficiales en los términos indicados en la sentencia, tanto respecto al porcentaje mínimo como al contenido, a efectos de evitar un uso simbólico o residual. Uso que debe quedar referido al conjunto de los alumnos.
Para alcanzar ese uso, el Gobierno explica que el fundamento jurídico tercero de la Sentencia reconocía un grado de apreciación a la propia Generalitat de Cataluña y a los centros docentes en atención a circunstancias como el estado de normalización de las respectivas lenguas oficiales según el sitio o la incorporación vehicular de terceras lenguas.
Luego de la firmeza de la Sentencia, por Diligencia de Ordenación del Tribunal Superior de Justicia, se dio traslado a la Abogacía del Estado del escrito presentado por el Consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña de distintas medidas que se estaban adoptando en su ejecución.
"Sin embargo, en esa resolución procesal no se dio plazo para alegaciones por parte de la Administración del Estado, por lo que no se presentó escrito alguno", señala el Gobierno en su respuesta, en la que añade que de manera coetánea por distintas personas o entidades se ha ido instando la ejecución forzosa de la sentencia, entre ellas la de la Asociación por una Escuela Bilingüe.
En todas las piezas de ejecución por la Abogacía del Estado, el Ejecutivo afirma que se ha informado al Tribunal sobre la legitimación del solicitante, así como sobre la necesidad de que el Tribunal valore el grado de cumplimiento que suponen las medidas que se han adoptado o propuesto por la Generalitat de Cataluña.
Asimismo, se ha requerido al Consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña para que, en el plazo máximo de 15 días, dicte las instrucciones y establezca las garantías de control de las mismas que procedan a los efectos que en el sistema educativo de Cataluña todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso; utilización que incluirá al menos la docencia de la misma lengua y la de otra asignatura o materia de carácter troncal o análogo, e informe al Tribunal en el mismo momento que finalice el nuevo plazo de ejecución sobre los tamaños adoptados y el grado de cumplimiento de las mismas.
Y, de manera separada, el Gobierno apunta que se ha requerido a la Alta Inspección Educativa a efectos de verificar el cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia dictada en estas actuaciones en el conjunto del sistema educativo de Cataluña, informando al Tribunal de la actividad desplegada y de la situación constatada en la finalización del plazo de ejecución señalado.
Finalmente, el Ejecutivo hace hincapié en que la Abogacía del Estado "no recibió ninguna instrucción del Gobierno de España sobre estas actuaciones".
