MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha asegurado que respeta pero no comparte que el Tribunal Supremo haya anulado el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios aprobado por el Gobierno, que endurecía la creación de universidades privadas, por falta de justificación para su tramitación urgente.
Fuentes del Departamento que dirige Diana Morant han explicado a Europa Press que el fallo del Tribunal Supremo "no entra en el fondo del real decreto, sino en la urgencia con la que se tramitó" y han avanzado que ya están trabajando en una nueva norma para poder aprobarla "lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas".
En este sentido, el Ministerio destaca que la necesidad de este real decreto "era y sigue siendo clara y urgente" y recuerda que España está "muy cerca" de tener tantas universidades privadas como públicas, ya que el sistema cuenta con 50 universidades públicas frente a 49 privadas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado, por falta de justificación de su tramitación urgente, el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, sobre universidades.
El tribunal concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación "no está debidamente justificado". "Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido", apunta.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el real decreto sobre universidades al estimar un recurso de la comunidad autónoma de las Islas Baleares e impone las costas a la Administración General del Estado en cuantía de 6.000 euros.
EL MINISTERIO AFIRMA QUE FUE TRAMITADO "CON TODAS LAS GARANTÍAS"
No obstante, el Ministerio asegura que el real decreto "fue tramitado con todas las garantías": "Tanto es así que el Consejo de Estado, como supremo órgano consultivo de acuerdo con la Constitución Española, avaló expresamente la legalidad de la tramitación urgente y con ello poder prescindir del trámite de consulta previa, fase previa a la elaboración del propio texto".
También afirma que la ciudadanía "fue escuchada mediante el trámite de información pública, que sí se realizó, recibiendo más de 60 alegaciones que fueron atendidas". Junto a ello, todas las universidades públicas y privadas de España "tuvieron acceso al texto y lo informaron de manera favorable en el Consejo de Universidades" y tanto la CRUE, como la representación estudiantil de todas las universidades del país, "trabajaron en colaboración con el Ministerio y avalaron la necesidad y el contenido del real decreto".
El Ministerio insiste en que se trata de una norma "cuyo propósito es garantizar que las universidades que operan en España cumplen unos estándares adecuados de calidad y solvencia, en beneficio de los estudiantes, las familias y del conjunto del sistema universitario".
En cualquier caso, ha manifestado su "preocupación" por que una información de estas características "haya sido conocida primero a través de los medios de comunicación que por el propio Ministerio". "Esta circunstancia genera una situación de indefensión para la institución, que debería poder conocer oficialmente una resolución que afecta a una norma promovida por el Gobierno, analizarla con todas las garantías y ofrecer, a partir de ahí, una respuesta fundada, máxime si tenemos en cuenta el periodo preelectoral en el que nos encontramos actualmente", asevera.
El Ministerio asegura que actuará, "como siempre, desde el respeto a las resoluciones judiciales y a los procedimientos establecidos", pero considera igualmente necesario que las instituciones afectadas "puedan conocer oficialmente las decisiones que les conciernen antes de tener que responder a informaciones aparecidas en los medios de comunicación".
Asimismo, hace hincapié en que la urgencia de la regulación de las universidades "es evidente" y advierte de que "el crecimiento del sistema universitario debe ir acompañado de garantías de calidad, de exigencia académica y de sostenibilidad", así como de informes vinculantes de agencias de calidad, tal como recoge el real decreto, "y que hasta ahora no se producía".
"Este Real Decreto nació precisamente para eso: reforzar los requisitos para crear nuevas universidades públicas o reconocer universidades privadas y garantizar la calidad global del sistema universitario español", aseveran desde este Departamento.
Para el Departamento que dirige Diana Morant, "la proliferación descontrolada de universidades privadas puede alterar el equilibrio del sistema y, cuando no está acompañada de exigencias suficientes, puede perjudicar a la calidad global de la universidad española y a la igualdad de oportunidades".
Por ello, defiende "un espacio universitario bien regulado, exigente y de calidad, acompañado de los recursos necesarios por parte de las administraciones públicas". "No se trata de estar en contra de la universidad privada. Se trata de garantizar que todas las universidades, públicas y privadas, cumplen unos estándares adecuados de calidad, investigación, docencia y transferencia de conocimiento", precisa.
INSISTE EN LA NECESIDAD DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE UNIVERSIDADES
La sentencia del Tribunal Supremo no cambia la convicción del Ministerio sobre "la necesidad de contar con una regulación que ordene el crecimiento del sistema universitario y garantice su calidad".
"Acatamos el fallo del Tribunal Supremo, como no puede ser de otra manera, pero no nos cruzamos de brazos. Ya estamos trabajando en una nueva norma para poder aprobarlo lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas", avanza el Ministerio, destacando que el problema que motivó esta regulación "sigue existiendo".
