La imposición de la paridad en las listas electorales "limita" el pluralismo constitucional, según un experto

El profesor universitario Aláez Corral dice que una medida taxativa para poner cuotas por razón de sexo supone una "vía peligrosa"

Considera más adecuada una fórmula de carácter orientativo que pueda incluso "premiar" a quienes la cumplan

OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Benito Aláez Corral, mostró hoy sus "reticencias" en relación a la constitucionalidad de proyecto de ley de igualdad que aprobó el Ejecutivo central y que está haciendo que las diferentes formaciones políticas diseñen sus candidaturas en función del sistema de cuotas. A juicio de Aláez la "imposición" de esa paridad en el ámbito de las listas electorales puede "limitar" el pluralismo que proclama la Constitución Española (CE).

El proyecto de la ley de igualdad que aprobó el Consejo de Ministros y que ahora se tramita en el Congreso, con su actual redacción, obliga a los partidos políticos a que sus listas electorales sean paritarias, es decir, que el número de personas de cada sexo no sea superior al 60% ni inferior al 40%, algo que está condicionando la confección de las listas electorales para las próximas elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. La previsión es que el texto se apruebe en marzo.

En declaraciones a Europa Press, Aláez reconoció que existe "base constitucional" para que el Estado adopte medidas para que la igualdad sea efectiva. Pero matizó que eso no quiere decir que pueda hacerlo "de cualquier forma y en cualquier materia". Así, explicó, que el artículo 14 de la CE contempla el derecho subjetivo y principio general de igualdad de prohibición de discriminación por razón de raza, sexo o religión.

Al mismo tiempo, y en base al carácter "social" de las constituciones modernas, dijo que existe un precepto (9.2 CE) que insta a los poderes públicos a la adopción de medidas de acción positiva para que la igualdad sea "real y efectiva". De hecho, dijo que el proyecto de ley de igualdad presentado por el Gobierno se basa en la combinación de ambos preceptos.

En todo caso, el profesor universitario distinguió dos campos de actuación para defender su argumentación. Por un lado están, por ejemplo, los ámbitos de naturaleza económica, donde la capacidad de intervención del Estado "es mayor. Por otro, aparecen los ámbitos de carácter político, como el derecho de asociación o el de intentar acceder a un cargo, donde el margen de maniobra del Estado es más limitado. "No quiere decir que no pueda hacer nado, sino que no puede hacerlo de la misma forma en un ámbito y en otro", puntualizó.

PLURALISMO

A su juicio, la imposición de cuotas por razón de sexo "interviene" en el pluralismo social y en el segundo de los ámbitos. Aláez admitió que existen signos aún en nuestra sociedad sexistas, pero consideró que el medio adecuado no es que el Estado "condicione" cómo se manifiesta ese pluralismo en los derechos de participación política, como el de asociación o el derecho a acceder a cargos y funciones públicas, o el del sufragio activo y pasivo.

Esos derechos, al contrario que otros como el de propiedad, igualdad o los derechos sociales, no tienen como finalidad directa que la sociedad sea más justa, explico. Su objetivo principal es "legitimar la actuación del Estado que, en su caso, puede estar orientada a que una sociedad más justa". Por eso matizó que difícilmente pueden legitimar esa actuación "si se apartan de los principios básicos que la democracia requiere".

En esos ámbitos, según Aláez, (asociación política o presentación a una lista electoral), debe primar, según la CE, que el ejercicio de esos derechos fundamentales sirvan precisamente para que la democracia se haga patente, "permitiendo a los sometidos al poder participar libre, plural e igualmente en el ejercicio de ese poder". Por eso, señaló que cualquier medida que limite esos "presupuestos necesarios" está "bajo sospecha".

Así, Benito Aláez comentó que utilizar, "aunque sea con el buen fin de conseguir la igualdad real y efectiva", al sexo como criterio "determinador" y "limitador" de la libertad para decidir con quién se asocian, supone poner "en peligro" la propia función que tienen los derechos y libertades establecidos en la CE.

Añadió que cuando se introducen normas que utilizan el artículo 9.2 de la CE como "pretexto" para limitar la libertad de los individuos se está poniendo en peligro la "funcionalidad misma" de esos derechos al servicio de la democracia.

Para ilustrar su argumentación, Aláez, puso como ejemplo a una formación política ficticia que defendiese el machismo. A pesar de que su tendencia ideológica pueda ser "abominable", Aláez lanzó una pregunta: "¿Cómo podemos exigirles que sigan los cauces legales si no les permitimos perseguir sus propias ideas dentro del sistema, reconociéndolo como suyo propio?".

"En un estado democrático es más importante y trascendente el logro de la democracia, es decir, que haya una auténtica, libre y plural transmisión de las expectativas sociales hacia el poder público, que el logro efectivo de la igualdad", dijo, para añadir que "es difícil que una democracia legitime el poder público si no hay pluralismo y si no hay una igualdad en la Ley"

FÓRMULAS ALTERNATIVAS

Teniendo en cuenta que el texto que se tramita en el Congreso pretende erradicar la discriminación hacia las mujeres, Benito Aláez, comentó que una medida más acertada sería que el Estado "interviniese" en la formación de los jóvenes o en círculos profesionales "porque así se garantiza que ese pluralismo que surja el día de mañana sea lo más neutro posible, de forma que los individuos puedan desarrollar pluralmente sus ideologías, que puedan pensar como personas y no como hombres o mujeres".

"Un sistema constitucional democrático no quiere que el Estado intervenga en el 'output' del pluralismo, sino que lo único que permite es que intervenga en el 'input', es decir en cómo se forma ese pluralismo", explicó el profesor universitario. En este sentido, comentó que el pluralismo no se forma a la hora de configurar las listas electorales, sino que el marco adecuado es en las familias, las escuelas o incluso los centros de trabajo.

Por eso consideró más adecuado que el Estado hubiese planteado una directriz "orientadora" en vez de una regla taxativa. Es más, señaló que una fórmula "más inteligente" consistiría, garantizando los límites mínimos, en dotar con una mejor financiación a aquellos grupos que mejor respondan a la igualdad, con la fórmula "premio-castigo". "Pero no se ha optado por ese camino, sino por la vía peligrosa de imponer cuotas rígidas", comentó.