HUMANES, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, aseguró hoy que si bien "no está descartado" incluir a los profesores de los centros privados en la Ley de Autoridad Pública del Docente que va a poner en marcha el Gobierno regional, está "muy difícil" pese a que llevan tiempo estudiando las posibilidades jurídicas que tienen.
Uno de los temas más polémicos cuando la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, anunció su intención de poner en marcha esta normativa fue la referida a qué profesores iba a ir dirigida, pues en un momento, la Comunidad de Madrid tenía intención de aplicarla sólo a los docentes de los centros públicos, donde no hay dificultades jurídicas, quedando fuera los de la concertada y los de la privada, que ya, en su mayoría, se rigen por sus propias normas.
Tras las críticas de asociaciones, sindicatos y Oposición, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre decidió estudiar la inclusión de todos los profesores, pero teniendo en cuenta hasta dónde jurídicamente podían llegar. De ahí, que la consejera de Educación esté viendo en estas últimas semanas "todas las posibilidades legales" que lo permitan.
Así, Figar aseguró que si bien no "está descartado" que los de la privada se puedan beneficiar de la 'autoridad pública', señaló que "va a ser muy difícil", por lo que están centrando sus esfuerzos en ver si se puede aplicar a todos los profesores que trabajen en centros sostenidos con fondos públicos --donde se incluiría, entonces, a los profesores de la concertada--.
A pesar de las dificultades legales, la Comunidad está insistiendo en ello centrándose en matices muy concretos y valorando el concepto, por ejemplo, más que del profesor en sí, el de su "función como docente". "A ver si con esto se puede abrir el abanico a todos los profesores pero son matices jurídicos", añadió.
Este anteproyecto de Ley sobre la Autoridad Pública del Docente que quiere poner en marcha cuanto antes la presidenta para reforzar el respeto hacia el profesor madrileño estará terminado antes de que finalice este mes, atendiendo así al compromiso que lanzó en su día la consejera de Educación, Lucía Figar.
"Estamos trabajando en el borrador de la Ley y yo espero cumplir el compromiso de que en octubre pueda presentar el primer informe ante el Consejo de Gobierno", apuntó la consejera del ramo, quien explicó que después de que el Equipo de Gobierno le dé el visto bueno, hay que remitirlo al Consejo escolar, a los órganos consultivos, y tras pasar de nuevo por el Consejo, se procede a su debate en la Asamblea.
Según recordó Figar, la ley va a estar centrada en "reforzar la autoridad del profesor y el respeto de su figura" y va a tener implicación "tanto en el ámbito administrativo y disciplinario como institucional" y no recoge, de ningún modo, endurecer las penas para cuando se cometa un delito contra su figura porque esto está incluido en el Código Penal, "responsabilidad de las Cortes Generales".