El PP busca tumbar el decreto 'antichiringuitos' por distintas vías: Recursos en el Supremo e iniciativas en el Congreso

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular está tratando de derogar el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades a través de distintas vías, como recursos de algunas de sus comunidades autónomas en el Tribunal Supremo o iniciativas registradas en el Congreso de los Diputados (una proposición de ley o una enmienda a una ley socialista).

El concreto, la Comunidad de Madrid, Baleares, Aragón, Extremadura y La Rioja recurrieron el conocido como decreto 'antichiringuitos' universitarios ante el Tribunal Supremo, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

También presentaron recursos ante este tribunal instituciones académicas como el CEU, la Universidad Fernando Pessoa, la Universidad de las Hespérides, CIS, Schiller, Saint Louis o Francisco Marroquín.

El Gobierno aprobó a mediados del pasado mes de octubre esta norma con el objetivo de que todas las universidades, indistintamente de su localización, cumplan con unos estándares de calidad.

La Comunidad de Madrid interpuso ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto al considerarlo "arbitrario" y por "vulnerar" las competencias autonómicas.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que esta norma "limita injustificadamente" la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocidas en la Constitución Española; que va contra la seguridad jurídica; y que ha sido elaborado "sin ningún tipo de negociación o consenso".

Para el Ejecutivo madrileño este real decreto es "puramente ideología" y no responde a la búsqueda de la "verdadera calidad" de los centros. El recurso presentado sostiene que el artículo 27 de la Carta Magna reconoce a las comunidades autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado "solo debe fijar la normativa básica".

"Sin embargo, este real decreto supera ese marco básico y deja muy poco margen a las regiones para regular por su cuenta. La norma estatal incorpora requisitos como exigir a los centros un mínimo de 4.500 estudiantes, que el Gobierno regional considera arbitrario, y que en ningún caso responden al pretendido interés por incrementar la calidad de las universidades españolas", apuntan desde la Comunidad de Madrid, que considera también que el proyecto ha sido tramitado "con opacidad, sin consulta pública previa y sin contar con las comunidades autónomas".

Desde la Conselleria de Educación y Universidades del Govern balear, indican a Europa Press que la Abogacía de la comunidad autónoma presentó el recurso al estar en desacuerdo con el requisito del mínimo de 4.500 estudiantes y un mínimo del 10% de plazas de residencias para los estudiantes.

El Govern balear presentó este recurso ante el Tribunal Supremo al considerar que estos requisitos son "discriminatorios" para Baleares frente a otras comunidades autónomas.

Por su parte, Extremadura presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decreto "convencida" de que va a prosperar.

Esta comunidad autónoma considera que la norma aprobada por el Gobierno nacional introduce "cambios en materia universitaria que afectan directamente a las competencias" de las administraciones autonómicas.

También critica que dicho decreto se haya aprobado por el trámite de urgencia "sin necesidad alguna de llevarlo a efecto" y no se hayan atendido ninguna de las alegaciones formuladas por las comunidades autónomas, que "son las que conocen, las que gestionan y las que tienen las competencias en materia universitaria".

En el recurso, Extremadura solicita, entre otros aspectos, la eliminación de la obligación de la obtención previa del informe favorable del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria para la creación y adquisición de facultades, escuelas y centros por las universidades de las comunidades autónomas.

UNA LEY REGISTRADA EN EL CONGRESO PARA DEROGAR EL DECRETO

El Grupo Parlamentario Popular registró a principios de febrero en el Congreso de los Diputados una proposición de ley por la que se modifica la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Esta proposición de ley, recogida por Europa Press, introduce una disposición derogativa relativa al real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades.

El PP considera que, con el real decreto 'antichiringuitos' universitarios, el Gobierno se ha "extralimitado en la regulación de una materia que precisa rango de ley". También advierte de que genera "inseguridad jurídica", se ha aprobado "sin consenso" y regula unos criterios que "atentan a la calidad del sistema universitario, todo ello de conformidad entre otros informes, con lo señalado por el Consejo de Estado en su Dictamen".

Por otro lado, la proposición de ley del PP recoge que, siendo el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a las prácticas curriculares compartido por todos los grupos parlamentarios, la redacción propuesta en la LOSU "no tiene en cuenta ni la realidad diversa del sistema universitario español ni las dificultades estructurales que afrontan muchas universidades -especialmente las situadas en provincias con menor tejido empresarial- para garantizar la oferta de prácticas necesarias para sus titulaciones".

En la exposición de motivos, el texto destaca que, en numerosos territorios, la escasez de empresas y entidades receptoras "limita de forma objetiva la disponibilidad de plazas de prácticas, lo que obliga a las universidades a desarrollar fórmulas de colaboración que a menudo requieren apoyo financiero o logístico por parte de las propias instituciones universitarias".

En este punto, advierte de que el problema se agrava particularmente en el ámbito de las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, donde la firma de convenios con hospitales y centros sanitarios "resulta imprescindible para la formación clínica del alumnado".

"La prohibición absoluta de cualquier tipo de aportación económica o material vinculada a esas prácticas puede poner en riesgo la continuidad de convenios ya existentes, dificultar la apertura de nuevos y reducir la oferta de plazas, en un contexto nacional marcado por la escasez de profesionales médicos y la necesidad urgente de reforzar la formación universitaria sanitaria", señala el PP.

Por todo ello, la ley registrada por el PP propone mantener el principio de gratuidad e igualdad en el acceso a las prácticas curriculares, pero "sin imponer restricciones que perjudiquen la viabilidad de los convenios, especialmente en territorios o sectores donde la colaboración público-privada resulta esencial".

UNA ENMIENDA A UNA LEY DEL PSOE

El Grupo Parlamentario Popular también ha registrado una enmienda al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica del sistema universitario (LOSU) para tumbar el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades mediante una disposición derogatoria única a esta iniciativa impulsada por el PSOE.

En la enmienda, los populares consideran que el Gobierno "se ha extralimitado" en la regulación de este real decreto que, a su juicio, "precisa rango de ley".

Además, el PP cree que "se ha generado inseguridad jurídica, se ha aprobado sin consenso, y establece unos criterios que no persiguen buscar la calidad del sistema universitario, todo ello de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado en su Dictamen".