MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado este miércoles, 22 de julio, el informe sobre la primera inspección sectorial en Europa sobre servicios de cloud computing en el ámbito educativo, en el que ha reclamado a los centros educativos que elaboren normas internas para controlar las 'apps' de los profesores que contienen datos de los alumnos.
"Se ha detectado la existencia de aplicaciones orientadas a que los profesores organicen las clases con ellas, y que registran datos personales de los alumnos, incluyendo imágenes y calificaciones. Los centros deberían elaborar normas internas para la utilización de estas herramientas de conformidad con las exigencias legales", señala el informe.
Otra de las recomendaciones en la utilización de estos 'apps', indica el documento, es que se solicite la identificación y autenticación del usuario en cada uno de los accesos a la aplicación, no quedándose almacenada en el dispositivo la identificación suministrada en el primer acceso.
En este mismo sentido, han pedido que se obligue la obtención del consentimiento de los interesados o de sus representantes legales si se van a difundir públicamente imágenes de los alumnos o se les van a remitir comunicaciones publicitarias.
En un total de 22 recomendaciones, Protección de Datos también sugiere subsanar las deficiencias existentes en el traspaso de datos editoriales, en la supervisión de contenidos, en los servicios de almacenamiento en la nube, en los contratos con garantías, en la ubicación de los datos, en la elección de las nubes, y en las responsabilidades en materia de seguridad informática.
De acuerdo con la entidad, las estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hablan de aproximadamente ocho millones de estudiantes no universitarios en España, lo que pone de manifiesto el volumen de datos que son susceptibles de ser objeto de tratamiento.
Finalmente, el informe apunta a que el objetivo de la inspección sectorial realizada no tiene carácter sancionador sino preventivo para así sensibilizar a los actores implicados sobre el necesario cumplimiento de la legislación de protección de datos.