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MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), dentro del más "absoluto respeto" institucional hacia las decisiones judiciales, constata que la sentencia del Tribunal Supremo anula el Real Decreto 905/2025 de creación de universidades "por una cuestión de forma, no de fondo".
"Este hecho no colisiona con la defensa de la calidad del Sistema Universitario Español que siempre ha mantenido CRUE", han apuntado a Europa Press fuente de la institución.
Desde CRUE destacan que cualquier iniciativa normativa orientada a reforzar los mecanismos de aseguramiento de la calidad del sistema universitario "es positiva, si contribuye a garantizar que todas las instituciones, con independencia de su titularidad, cumplan los mismos estándares de excelencia académica, investigación, transferencia de conocimiento y compromiso social".
Para los rectores, la calidad del sistema universitario español "requiere que la autorización, verificación y seguimiento de las titulaciones se base en criterios exigentes, objetivos y transparentes, supervisados por los organismos competentes de evaluación y acreditación".
En este sentido, advierten de que la creación y el desarrollo de nuevas universidades y nuevos títulos" deben estar vinculados a una planificación académica sólida, a la disponibilidad de profesorado cualificado, a una actividad investigadora contrastable, a recursos materiales adecuados y a una contribución efectiva a las necesidades formativas y científicas de la sociedad".
El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios aprobado por el Gobierno, que endurecía la creación de universidades privadas, por falta de justificación para su tramitación urgente.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado, por falta de justificación de su tramitación urgente, el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, sobre universidades.
El tribunal concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación "no está debidamente justificado". "Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido", apunta.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el real decreto sobre universidades al estimar un recurso de la comunidad autónoma de las Islas Baleares e impone las costas a la Administración General del Estado en cuantía de 6.000 euros.
