Los rectores, preocupados por la aprobación del Estatuto del Becario, exigen un diálogo "real" con las universidades

   MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha manifiestado su preocupación ante la aprobación este martes por el Consejo de Ministros del proyecto de ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, el llamado Estatuto del Becario, e insta al Gobierno y a los grupos parlamentarios a abrir un proceso de diálogo "real" con las universidades antes de continuar su tramitación.

   En este sentido, ha recordado que las prácticas académicas externas "constituyen una herramienta formativa esencial para el estudiantado universitario".

   Así, CRUE ha destacado que "su finalidad es estrictamente educativa, vinculada a una matrícula vigente, con tutorización académica y profesional y conexión directa con la titulación cursada".

   Aunque comparte la necesidad de reforzar su carácter formativo y evitar cualquier uso fraudulento que las convierta en empleo encubierto, ha avisado de que el régimen jurídico de las prácticas académicas "es una cuestión académica cuya competencia corresponde al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y a las propias universidades, y no puede abordarse al margen de estas".

   La Conferencia viene reclamando desde el inicio del proceso que se escuche a la Universidad. "Aunque las universidades no formen parte de la Mesa de diálogo social, no puede obviarse que el futuro Estatuto del Becario afecta de manera directa al estudiantado y a la organización académica de miles de titulaciones", ha apuntado.

   En este sentido, ha incidido en que las instituciones universitarias "pueden aportar conocimiento técnico, advertir de dificultades de aplicación y proponer soluciones viables que preserven tanto los derechos del estudiantado como la calidad del sistema".

   CRUE valora algunos avances del texto, como el refuerzo de la tutorización profesional, la protección en materia de prevención de riesgos laborales o el reconocimiento de derechos vinculados a situaciones de enfermedad o cuidados.

   No obstante, cree que "sin una memoria económica rigurosa, el Estatuto nace con un problema estructural". La principal preocupación del organismo se centra en la financiación y en la asunción de los costes derivados de la norma.

   "La obligación de compensar gastos sin una delimitación objetiva y sin una memoria económica suficiente puede comprometer gravemente la viabilidad del sistema de prácticas", ha aseverado la CRUE, destacando que más del 40 % de las prácticas curriculares se desarrollan en entidades públicas -ministerios, centros sanitarios y educativos- que "ya afrontan dificultades para asumir los costes actuales".

   En este punto, insiste en que "sin una financiación pública adecuada, la nueva regulación puede provocar una reducción drástica de plazas formativas, especialmente en ámbitos estratégicos como el sanitario y el educativo".

   CRUE advierte además de que, "en ningún caso", estos costes pueden recaer sobre las universidades ni trasladarse al estudiantado a través de incrementos en la matrícula, ya que ello "generaría desigualdades entre instituciones y perjudicaría especialmente a quienes cuentan con menos recursos".

   "La sostenibilidad económica del Estatuto debe quedar garantizada en su memoria de impacto normativo y en los correspondientes presupuestos", ha reclamado la CRUE, que comparte la "inquietud" expresada por la representación del estudiantado, que teme que "una regulación sin respaldo financiero suficiente reduzca la oferta de prácticas y limite sus oportunidades formativas y de empleabilidad".

   Los rectores han hecho hincapié en que "el objetivo común debe ser reforzar derechos y calidad, no restringir el acceso a una experiencia clave para la transición al mercado laboral".

   Por todo ello, CRUE ha solicitado que durante la tramitación parlamentaria se incorporen las alegaciones técnicas ya formuladas por sus órganos competentes y se asegure "un marco normativo equilibrado, respetuoso con las competencias académicas y económicamente viable".

   "La mejora de las condiciones del estudiantado en prácticas es un objetivo compartido, pero solo podrá alcanzarse desde el respeto a las competencias académicas y con garantías reales de financiación", ha concluido la entidad.