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MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley relativa a la modificación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para dotar de carácter obligatorio al objetivo de alcanzar una inversión pública equivalente al 1% del PIB en el sistema universitario, para su debate en Pleno.
La iniciativa, recogida por Europa Press, insta al Gobierno a establecer, en coordinación con las comunidades autónomas y las universidades, una senda progresiva que permita alcanzar el nuevo objetivo en un plazo razonable y compatible con la programación presupuestaria de cada administración.
Asimismo, reclama incorporar en la modificación de la LOSU plazos, mecanismos de seguimiento, criterios de evaluación y, en su caso, instrumentos de corrección, que garanticen el cumplimiento de esta exigencia de financiación básica.
Sumar apuesta por promover un pacto de Estado por la Universidad Pública que garantice su financiación, liderazgo y proyección social, supeditando la condicionalidad de la financiación por objetivos que establecen las comunidades autónomas a la exigencia de dotación del presupuesto según la media que actualmente disponen el conjunto de las universidades públicas europeas.
Por otro lado, la formación ha registrado otra proposición no de ley sobre el fortalecimiento de la supervisión y el aseguramiento de la calidad en universidades privadas y de las nuevas titulaciones, para su debate en Pleno.
Con esta iniciativa, Sumar exige que se garantice el cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 640/2021, que establece un plazo de cinco años para que las universidades privadas ya existentes se adapten a los nuevos requisitos en materia de implantación de titulaciones, investigación, número de profesorado doctor y suficiencia de infraestructuras.
"Dicho plazo vence en 2026, por lo que resulta imprescindible garantizar que las comunidades autónomas disponen de mecanismos eficaces de comprobación y que el Ministerio de Universidades supervise adecuadamente su cumplimiento", apunta.
La formación insta a establecer un mecanismo de seguimiento, en coordinación con comunidades autónomas y agencias de evaluación, que verifique que las universidades privadas han cumplido las obligaciones de adaptación establecidas.
También pide revisar el régimen de silencio administrativo en la autorización de nuevas titulaciones, para asegurar que ninguna titulación pueda implantarse sin una evaluación previa completa, rigurosa y acreditada de sus condiciones de calidad, viabilidad y adecuación académica siempre con la supervisión del Consejo de Universidades.
Sumar quiere igualmente equiparar el procedimiento de verificación y autorización de enseñanzas universitarias oficiales previsto en el Real Decreto 822/2021 para operadores privados de acuerdo con los estándares de calidad de las universidades públicas, reforzando los requisitos mínimos de planificación, profesorado, infraestructura y solvencia institucional, y garantizando una supervisión efectiva, coordinada y transparente de todas las nuevas titulaciones ofertadas.