Archivo - Estudiantes universitarios. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo
MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha rechazado la decisión del Tribunal Supremo de anular el Real Decreto 905/2025, por el que se modificaban los requisitos para la creación, reconocimiento y autorización de universidades en España.
Para CREUP, esta norma "llegaba tarde", pero era "absolutamente necesaria" en el contexto actual "en el que las universidades privadas están creciendo a un ritmo acelerado y en el que cada vez son más las instituciones que aspiran a incorporarse al sistema universitario sin garantías suficientes sobre su calidad, solvencia o capacidad". Por este motivo, ha urgido a aprobar una nueva regulación.
La organización considera "especialmente preocupante" la expansión de nuevas universidades incluso "en aquellos casos en los que han existido informes desfavorables por parte de las administraciones competentes", algo que, a su juicio, el Real Decreto solventaba.
En este contexto, el estudiantado considera "difícilmente comprensible que se cuestione la existencia de una situación de urgencia que justificase una actuación normativa". "La rapidez con la que se están creando nuevas universidades no es una cuestión hipotética ni futura, sino una realidad que está transformando el sistema universitario español a una velocidad que exige una respuesta regulatoria", considera la organización estudiantil.
CREUP ha recordado, además, que, pese a que la tramitación de la norma estuvo condicionada por los plazos existentes, "el texto contó con la participación de los colectivos afectados y con la interlocución del estudiantado universitario, incluida la propia organización". Por ello, han insistido en ver "especialmente preocupante" que una norma que había sido objeto de diálogo y trabajo con parte de la comunidad universitaria "sea ahora anulada sin que exista una alternativa inmediata que permita abordar el problema que pretendía resolver".
El estudiantado considera "legítimo preguntarse qué intereses pueden existir detrás de una decisión que deja nuevamente al sistema universitario sin una regulación necesaria, y si estos intereses responden exclusivamente a criterios jurídicos o si existen otras consecuencias e intereses que deban ser explicados".
TRANSPARENCIA Y CLARIDAD
La organización ha reclamado, asimismo, "transparencia y claridad sobre las consecuencias de una decisión que afecta directamente al futuro del sistema universitario y a los derechos del estudiantado".
En su opinión, "esta decisión vuelve a dejar al sistema universitario sin una herramienta que, aunque mejorable, comenzaba a establecer límites ante una situación que requiere una actuación decidida por parte de los poderes públicos".
Ha advertido, asimismo, de que la universidad "no puede convertirse en un espacio en el que la lógica económica prevalezca sobre la calidad académica". La educación superior no puede reducirse a una actividad económica en la que los títulos se conviertan en productos y el estudiantado, en meros clientes.
GARANTÍAS
CREUP considera, en este sentido, "especialmente grave que esta situación pueda facilitar nuevamente la creación de centros que se presentan como universidades sin que existan garantías para asegurar una formación de calidad, la continuidad de los estudios o la protección efectiva de los derechos del estudiantado".
Por todo ello, se exige al Gobierno y a las administracion a las administraciones competentes que "no se limiten a asumir la anulación del Real Decreto 905/2025, sino que actúen de manera inmediata para aprobar una nueva regulación que permita afrontar la situación actual y establecer criterios exigentes para la creación y funcionamiento de nuevas universidades". Desde CREUP consideran que "la solución no puede pasar por volver al escenario anterior ni por permitir que continúe la expansión de las universidades privadas sin unas garantías adecuadas".
La organización cree que el estudiantado universitario no puede quedar en segundo plano en esta cuestión. "La calidad del sistema universitario, la protección de los derechos del estudiantado y las garantías de las titulaciones deben estar por encima de cualquier interés económico o de cualquier carrera por ampliar la oferta universitaria y su rentabilidad".
Por ello, desde el estudiantado llaman "a todas las instituciones a seguir defendiendo una universidad pública y de calidad y garantizar que ninguna persona vea comprometido su futuro por la falta de unas garantías adecuadas en el sistema universitario".
