MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de UPyD la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en el Congreso de los Diputados, Carlos Martínez Gorriarán, manifiesta su oposición a que el Estado destine fondos públicos a los centros de educación diferenciada, a los que "no puede acceder cualquier niño o niña".
En un artículo publicado en su blog, bajo el título 'Por qué la enseñanza con segregación sexual no debe pagarse con dinero público', Gorriarán afirma que estos centros "no hay que subvencionarlos porque no lo exige la práctica de la igualdad de oportunidades que ellos mismos excluyen al filtrar su alumnado con diversos criterios de selección o sea, de discriminación".
Si bien señala que no hay que prohibirlos "si su enseñanza no es inconstitucional", este diputado de UPyD también quiere alertar sobre la posibilidad de que el Gobierno cambie la norma para blindar los conciertos a estos colegios porque "una vez hecha la excepción, otros criterios de discriminación pueden llamar a la puerta de la ley".
En este sentido, advierte de que si se permite por ley subvencionar la educación diferenciada, se crearán "centros concertados cerrados a minorías, o a niños con determinadas características, o a cualquier otro rasgo discriminatorio". "¿Es eso deseable?", se pregunta Gorriarán, para responder que "sin duda, no", porque "el resultado sería liquidar la igualdad de oportunidades en nombre de una libertad de elección convertida en libertad de discriminación, que es algo muy diferente".
Este portavoz de UPyD recuerda las que "bondades" sobre las que insisten algunos estudios pedagógicos a favor de la educación diferenciada, como que para el rendimiento escolar es mejor mantener separados a chicos y chicas, pero insiste en que la educación "es tan importante, o más para determinados supuestos, que la media de notas de un grupo en Matemáticas o Lengua". Asimismo, señala que los escolares con inclinación homosexual "serían inmunes a las supuestas ventajas escolares de esa segregación".
Aunque respeta que haya ciudadanos que consideran deseable separa a los alumnos por razón de sexo durante la etapa escolar, advierte de que "el problema" no radica en la convicción privada, que puede responder a muchos argumentos o preferencias, sino a que ésta "se convierte en asunto público y por tanto en problema legal y político".
"Cierta lectura 'liberal' (estilo Esperanza Aguirre) del derecho a elegir como derecho absoluto conllevaría que el Estado se hiciera cargo del costo económico de esa elección para que tanto pobres como ricos partidarios de la segregación escolar por sexo tuvieran la misma capacidad de elegir", señala el portavoz de UPyD, al tiempo que pregunta "si se puede contraponer el derecho a elegir a la igualdad de oportunidades negada, por ejemplo, a una niña que quisiera matricularse en un centro o curso sólo para niños, y viceversa".
Por último, valora las últimas sentencias del Tribunal Supremo, que rechaza los conciertos a los centros de educación diferenciada, y recuerda que confirma que si el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar choca con lo que la ley exige a los centros escolares para desarrollar la igualdad de oportunidades, y por tanto ser considerados públicos o subvencionables como si lo fuesen -mediante un concierto u otra fórmula-, "el Estado (o las comunidades autónomas) no está obligado de subvencionar esa elección".