Los 27 avalan una ley de biodiversidad con más flexibilidades nacionales que aún carece de ambición para España

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)

Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea han respaldado este martes la ley de restauración de la naturaleza propuesta por la Comisión Europea, a la que han agregado flexibilidades adicionales en su aplicación nacional, y que a pesar de ser todavía insuficiente para España se ve como un paso adelante.

El Consejo ha acordado que los Estados miembro pongan en marcha medidas de restauración que hagan que al menos el 30% de los hábitats de los ecosistemas terrestres, costeros, de agua dulce y marinos que no estén en buen estado vuelvan a estarlo en 2030.

"El texto que hoy tenemos delante está por debajo de lo que a nosotros nos hubiera gustado y aún así es un paso adelante significativo que permitirá seguir trabajando y sumando voluntades", ha afirmado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la sesión pública de este martes en Luxemburgo.

Los Veintisiete han acordado así su mandato, que llevarán a negociaciones con el Parlamento Europeo una vez fije su posición, de cara a lograr un acuerdo antes de que acabe el año y que corresponderá conducir a la presidencia española del Consejo.

La orientación general ha salido adelante con un apoyo mayoritario de los Veintisiete, aunque Polonia, Italia, Finlandia y Suecia han votado en contra al aludir "profundas preocupaciones" en la aplicación nacional de la norma, mientras que Austria, Bélgica y Países Bajos se han abstenido de apoyar el texto.

"No hay nadie en esta sala que tenga problemas graves con la propuesta, lo cual es una extremadamente buena noticia", ha aseverado el vicepresidente para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, quien admitió a su llegada al Consejo estar entristecido por la batalla política generada en torno a la ley a raíz del rechazo del Partido Popular Europeo.

PLANES NACIONALES DE RESTAURACIÓN

Según las nuevas reglas, los Estados miembro presentarán regularmente planes nacionales de restauración a la Comisión que reflejen cómo cumplirán con los objetivos, además de monitorear e informar sobre su progreso.

El Consejo ha optado por un enfoque gradual y, en lugar de presentar planes completos hasta 2050 dos años después de la entrada en vigor del reglamento, establecerán planes nacionales de restauración hasta junio de 2032, después hasta 2042 y por último, hasta 2050.

RENOVABLES Y FINANCIACIÓN

Los Veintisiete han añadido también un nuevo artículo que establece que la planificación, construcción y operación de plantas para la producción de energía a partir de fuentes renovables, su conexión a la red y la propia red asociada y los activos de almacenamiento, se presumen de interés público superior.

Asimismo, han introducido una nueva disposición en la que piden a la Comisión que presente un informe, un año después de la entrada en vigor del Reglamento, con un resumen de los recursos financieros disponibles a nivel de la UE, una evaluación de las necesidades de financiación para la aplicación y un análisis para identificar cualquier brecha de financiación.

OBJETIVOS SUAVIZADOS

Entre las flexibilidades que ha adoptado el Consejo, se reemplazan los objetivos cuantitativos con la obligación de los Estados miembro de lograr una tendencia creciente en las áreas verdes urbanas hasta alcanzar un nivel satisfactorio.

Sí se mantiene el requisito de "pérdida neta nula", que establece que no debe haber pérdida neta de espacios verdes urbanos y de cubierta de árboles urbanos para 2030, en comparación con el momento en que la regulación entre en vigor, a menos que los ecosistemas urbanos ya tengan más del 45% de espacio verde.

Por otro lado, los Veintisiete han suavizado los objetivos para la rehumidificación de las turberas, para tener en cuenta el hecho de que algunos Estados miembro se ven afectados de manera "desproporcionada" por estas obligaciones, por lo que han establecido un objetivo de restaurar el 30% de las turberas drenadas para uso agrícola para 2030 y el 50% para 2050, con la posibilidad de que los países que se vean muy afectados apliquen un porcentaje más bajo.