LEÓN, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
SEO/BirdLife y la Asociación para la Conservación del Urogallo (ACU) han manifestado este miércoles que los "únicos responsables" de la situación socioeconómica de la cuenca minera del Alto Sil (León) son la empresa minera Coto Minero Cantábrico (CMC) y la Junta de Castilla y León por su "continua vulneración" de la legislación ambiental.
Ambas entidades han rechazado que el auto judicial haya sido "utilizado" para arremeter contra especies amenazadas, que son las "realmente perjudicadas" o contra asociaciones que defienden el patrimonio natural.
Para las organizaciones conservacionistas tanto los mineros como los urogallos son las "verdaderas víctimas" de esta situación, motivada directamente por una "mala elección" del lugar de la explotación por parte de la empresa, una "inadecuada" evaluación por parte de la Junta, "multitud de incumplimientos legales" por parte de la compañía y la "vista gorda" por parte de la Administración.
Igualmente, han señalado que la apuesta por un modelo energético "caduco" como el de la industria del carbón, sustentado en la inyección de millones de euros del erario público, no sólo tiene impacto sobre el patrimonio natural de la zona, sino también sobre el medio ambiente de toda España.
Al igual que ha ocurrido con otras actividades energéticas del país, la existencia de fuertes subvenciones provoca un sobredimensionamiento de la actividad que termina dedicado exclusivamente a "cazar primas" sin importar el efecto que suponga sobre el medio ambiente y sobre la propia sociedad de las cuencas mineras, según ha informado SEO/BirdLife en una nota recogida por Europa Press.
Igualmente, ha recordado que la empresa minera ha recibido en los últimos años cientos de millones de euros en ayudas directas que no suponían un compromiso con el respeto a los puestos de trabajo o al medio ambiente.
INCUMPLIMIENTOS
Además, ha apuntado que no sólo la empresa Coto Minero del Cantábrico incumple la legislación vigente, sino que además no cumple con las medidas compensatorias y de restauración ambiental que le exigen y que seguramente atenuarían los "devastadores" efectos de la minería a cielo abierto.
Según el portavoz de ACU, Luis Robles, es "inaceptable" que se utilicen las especies amenazadas como "armas arrojadizas" ante conflictos sociales y resulta necesario conservar el patrimonio natural y trabajar para que no sea una carga sino una oportunidad para el desarrollo rural.
Por último, SEO/BirdLife y ACU han mostrado su apoyo hacia el trabajo de los grupos que defienden el patrimonio natural en las comarcas mineras en las que hay una de las mejores muestras de ecosistemas de montaña del país.
