MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones ambientales Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife están dispuestas a ayudar y contribuir con las administraciones públicas para cumplir el fallo judicial del Tribunal Supremo que les da la razón, de modo que especies como la trucha arcoiris, el cangrejo rojo, la carpa o el visón americano vuelven a estar incluidas en el Catálogo Español de Especies Invasoras y, por tanto, deberán erradicarse.
El portavoz de Ecologistas en Acción Theo Oberhuber, ha valorado "muy positivamente" la sentencia, contra la que no cabe recurso, así como su publicación porque implica que las administraciones "deben empezar a tomar medidas" y porque el fallo rechaza "todos" los recursos presentados por defecto de forma, que en realidad querían cambiar su contenido.
Sin embargo, el ecologista entiende que la solución a estas especies invasoras es "complejo", por lo que considera muy importante dialogar con "todos los sectores".
De hecho, ha añadido en declaraciones a Europa Press que junto con SEO/BirdLife ha mantenido reuniones monográficas con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio para expresarles que debe desarrollar un papel de coordinación con las comunidades autónomas porque es "muy importante" que tenga "capacidad" para establecer sistemas comunes de gestión y control de las especies invasoras en todo el territorio.
"Nos parece bien que se establezca una mesa de trabajo, en la que estamos abiertos a participar, pero en ella deben estar los científicos, ya que el TS basó su decisión en los informes del CSIC", ha comentado, aunque cree que será al próximo Gobierno y no a este, en funciones, el que deberá tomar medidas y soluciones efectivas. En todo caso, ha dicho que las ONG aún no han sido convocadas.
Si bien, Oberhuber entiende la preocupación de los sectores, por ejemplo el del cangrejo y, por ello, cree que las administraciones tienen la responsabilidad de tomar medidas para solucionar el tema en las dos perspectivas, la de la especie y la económica y social de los afectados.
"Esta es una victoria muy importante para el medio ambiente y contra un problema al que las administraciones españolas llevan tiempo dando la espalda. Esta debe ser una prioridad que no se puede obviar", ha apostillado.
A su juicio, las aficiones, como la pesca no pueden estar por encima de la conservación, de modo que los pescadores deberían redirigir su 'hobby' a otras especies autóctonas. "Ha llegado el momento en que en ningún caso una actividad económica se anteponga a las necesidades ambientales pero se deben buscar soluciones a la parte ambiental, el conflicto social y económico", ha insistido.
Asimismo, señala que se debe atajar cada especie invasora con medida concretas, pero comunes en todo el territorio y en las que participen todos los sectores. Por ejemplo, la trucha arcoiris se terminaría con la prohibición de soltar nuevos ejemplares, y se podría acabar con el visón americano cerrando las granjas existentes.
MEDIDAS COORDINADAS
En definitiva, Oberhuber expone que la sentencia deja ahora la sentencia "en manos" de las comunidades autónomas, que deberán "coordinarse" y serán las que tendrán que proponer medidas para cumplir la sentencia, aunque esto no será de hoy para mañana sino definiendo una estrategia a largo plazo. "Es un proceso lento que habrá que ir asumiendo", ha reconocido.
Por último, el representante de Ecologistas en Acción ha destacado los efectos positivos para los ecosistemas de acabar con las especies invasoras, por ejemplo, la carpa, que enturbia el agua y afecta a otras especies con las que compite y modifica hábitat. En cuanto al cangrejo rojo, augura que su erradicación permitirá mejorar los arrozales en Doñana y beneficiará a especies vegetales, a las que ha expulsado, igual que a los cangrejos autóctonos.
Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, cree que la publicación del fallo es "muy buena noticia" para la conservación del medio ambiente, pero también para frenar la "grave" afección económica que provocan en el medio ambiente y en la salud humana.
Así, ha recordado que las invasoras son la segunda causa de pérdida de la biodiversidad a nivel mundial, solo por detrás de la pérdida de hábitat, y en el caso de las islas, la primera causa de pérdida de biodiversidad. "Mantener las invasoras es muy mal negocio para la naturaleza y la salud humana", ha comentado en declaraciones a Europa Press.
A su juicio, tanto el Real Decreto como la sentencia permitirá trabajar para solucionar el problema después de "décadas de desidia" de las administraciones que debían haber actuado antes.
En este contexto, ha defendido que la sentencia se basa en el rigor de la comunidad científica que no podía obviar que algunas especies consideradas entre las 100 con mayor carácter invasor en el mundo se quedaran fuera del catálogo.
LA SENTENCIA: POR EL BIEN COMÚN
Asimismo, ha alentado a los cazadores y pescadores que pueden convertirse en el "gran aliado" y en los "verdaderos protagonistas" de la lucha en favor de la biodiversidad y ha insistido en que la sentencia no va en su contra ni contra la sostenibilidad ya que el Real Decreto permite que "todos los sectores pueden convertirse en protagonistas de esta lucha por salvar la naturaleza".
Por ello, Ruiz ha llamado a las administraciones autonómicas y al Estado para que se cumpla el fallo sin que se vean afectadas la economía y las poblaciones. En su opinión, esto puede hacerse, por ejemplo, con planes de gestión y control adecuados, dirigidos a cada una de las especies y que tenga en cuenta en cada caso la capacidad invasora, las posibilidades de erradicación con la máxima de las sensibilidades para evitar al máximo las afecciones a las poblaciones más vulnerables.
"Hay que hacerlo ya. Mantener las invasoras es un mal negocio para la salud, para la economía y para salvar la biodiversidad. Mantener a raya a las especies invasoras es luchar por el bien común y ahí debemos estar todos, sin fisuras. Debemos encontrar el cómo lo vamos a hacer y debíamos haberlo hecho antes", ha sentenciado la responsable de SEO/BirdLife.
Asimismo, ha reiterado que en las reuniones con el Ministerio han expresado la necesidad de que todos los sectores se sientan a una mesa para estudiar la implantación del Real Decreto y ejecutar la sentencia con "soluciones sensatas y sensibles".
En todo caso, ha recordado que las administraciones tienen la obligación de defender las leyes que se aprueban y de cumplir las sentencias. "Sería triste que un Real Decreto así pudiera utilizarse en campaña electoral, donde lo que debe primar son las medidas que van en la defensa de todos. Puede hacerse con sensatez y sensibilidad", ha concluido.
